La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro condenó por enriquecimiento ilícito de $71,736.62 al exfiscal General de la República, Luis Antonio Martínez González, por su gestión en el cargo durante el período de 2012 a 2015.
Martínez se desempeñó como fiscal general durante el período del 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Según el fallo emitido y sobre el cual versa la demanda, se determinó un incremento injustificado en el patrimonio del exfuncionario, lo cual asciende a $71,736.62. El exfuncionario público presentó un incremento patrimonial el cual no pudo justificar su legítima procedencia ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Según las investigaciones, Martínez pagó sus tarjetas de crédito y efectuó depósitos bancarios sin justificar el orígen del dinero, además de mostrar resultados negativos entre la disponibilidad de fondos y sus gastos.
La Cámara declaró que Luis Martínez deberá devolver al Estado de El Salvador la suma de $71,736.62 y será inhabilitado para ejercer un cargo de carácter público durante los próximos diez años.
Para este mismo lunes, el Juzgado de Extinción de Dominio iba realizar audiencia de extinción de dominio a Martínez, pero se aplazó.
En este proceso de extinción, las investigaciones de la «Operación Corruptela», determinó la sustracción de fondos de cuentas especiales y patrimonio de la FGR, por un monto de US$735,866.14, por consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelación de viviendas, mantenimiento de vehículos particulares, pago de telefonía personal y viáticos para el exfuncionario.
Segunda condena
En 2018, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a cinco años de prisión al exfiscal por el delito de divulgación de material reservado en perjuicio de Antonio Rodríguez Tercero, conocido como el «padre Toño».
La investigación inició de forma oficiosa en virtud de una publicación realizada por un periódico digital, esto fue el 8 de septiembre de 2014, según la cual el exfiscal, Luis Antonio Martínez González, usó conversaciones íntimas del sacerdote para obtener declaraciones y así involucrarlo en el proceso penal que enfrentó el religioso en el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana.
