No guardarlo en cuentas bancarias, usarlo siempre en efectivo y no declarar ante el Ministerio de Hacienda el dinero producto de sobresueldos que mensualmente les entregaba el expresidente prófugo Mauricio Funes a sus exfuncionarios eran las condiciones que debían cumplir los beneficiados con los «bonos» que fueron erogados entre 2009 y 2014. Así lo reveló ayer la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) durante la presentación de la acusación formal contra 10 procesados ante el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador.
«Se entregaban en la secretaría privada con instrucciones de Funes a cada uno de los funcionarios. Se entregaba en un sobre y tenían que cumplir lineamientos para evitar que fuera detectada esta entrega ilegal de dinero. Entre estas [condiciones] estaban no bancarizar y no declararlo para evitar que fueran detectadas estas entregas», reveló.
La fiscal detalló que aproximadamente $2.5 millones de las arcas del Estado fueron repartidos entre los 10 exfuncionarios del FMLN implicados en el caso Desfalco, y por eso los acusan de los delitos de lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito. La audiencia inicial se desarrollará mañana en el referido tribunal.
Entre los capturados están Violeta Menjívar, exviceministra de Salud; Carlos Cáceres, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo; Erlinda Hándal, exviceministra de Tecnología, y Hugo Flores, exviceministro de Agricultura y Ganadería.
Los prófugos son el expresidente Salvador Sánchez Cerén; Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente; Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas; José Belarmino López Suárez, exministro de Agricultura; y José Manuel Melgar Henríquez, para quienes la Fiscalía General de la República (FGR) pedirá la difusión roja con la Interpol.
La representante del ministerio público indicó que gracias a la investigación determinaron que los acusados cometieron los ilícitos cuando desempeñaron sus cargos, ya que recibieron diferentes cantidades de dinero cada mes y en efectivo en la Secretaría Privada de la Presidencia, «las cuales no estaban comprendidas en su salario nominal y legal; es decir, estas cantidades de dinero se recibieron al margen de la ley de manera lícita».
La Fiscalía asegura tener suficiente prueba documental y pericial, la cual robustece el proceso penal, incluyendo todos los recibos originales con las respectivas firmas de los implicados en los que se acreditan que recibieron dinero de forma ilegal.
«Hemos practicado experticias grafotécnicas de los recibos y hemos determinado que la autoría de las firmas corresponde a los vinculados», señaló.
Según las pesquisas, Cáceres recibió $210,000, mientras que a Mejía le entregaron $208,000; además, Violeta Menjívar recibió $177,000, a Hándal le otorgaron $162,000 y Flores cobró $174,000. Por su parte, Sánchez Cerén aceptó $530,000, Martínez tuvo un bono de $290,000, Pohl percibió $177,000 y Guillermo López cobró $565,000. En el caso de Melgar Henríquez, se benefició con $150,000.
Sobre este proceso, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, lamentó ayer la situación [de sobresueldos] y agregó que el caso le genera tristeza por las actitudes «injustas» de algunos ex servidores públicos.
«Da mucha tristeza que se den estas situaciones por supuestas actitudes injustas. Si eso fuera verdad, es muy grave y el pueblo está con todo el derecho de conocer toda la verdad de los casos y tiene que haber justicia, y no por venganza o mal a nadie. Solo así se puede evitar seguir en esos malos procedimientos», enfatizó.
«El que es inocente tiene que ser tratado como inocente, pero si es culpable tiene que responder ante la ley. Es importante que opere la justicia, que actúen las instituciones», consideró el religioso.
