Alfredo Miranda Flamenco, quien fungió como ministro de Relaciones Exteriores durante la gestión del expresidente Mauricio Funes (prófugo) y como viceministro con Salvador Sánchez Cerén, ha sido demandado por enriquecimiento ilícito.
La Unidad Especializada de Anticorrupción ha establecido que el exfuncionario se apropió de $219,894.62, y su esposa, Alicia del Carmen Medina Aguilar de Miranda, de $63,839.26. La demanda la presentaron fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
La fiscal del caso explicó que «al funcionario se le procesa por irregularidades encontradas en depósitos bancarios, pago de deuda y diferencia entre los ingresos y las deudas». Las autoridades fiscales han solicitado a la cámara que el funcionario y su esposa devuelvan $283,733.89 al Estado y que Miranda Flamenco sea inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.
Miranda Flamenco desarrolló diferentes roles entre 2009 y 2018; fue viceministro de Cooperación para el Desarrollo en los períodos 2009-2013 y 2014-2018 y titular de Relaciones Exteriores (2013-2014). El imputado también se desempeñó en el Gobierno de Sánchez Cerén como viceministro de Integración y Promoción Económica, entre 2018 y 2019.
En junio pasado también el ex secretario técnico de la Presidencia (2009-2014) Alexánder Segovia fue demandado por presunto enriquecimiento ilícito con $279,555.80, monto que él y su núcleo familiar no pudieron justificar y utilizaron para depósitos bancarios, compra de vehículos y en la venta y la adquisición de inmuebles.
Mientras que, en mayo, el ex secretario privado de la Presidencia en la gestión de Funes, Francisco José Cáceres Zaldaña, y su grupo familiar fueron señalados de enriquecerse ilícitamente con $3,892,095.46.
En la Sección de Probidad les detectaron depósitos en efectivo y con cheques en cuentas de ahorro, pagos de préstamos y de tarjetas de crédito, fondos de los que se desconoce la procedencia. De acuerdo con las autoridades, durante el Gobierno de Funes operó una red de corrupción entre el expresidente y sus exfuncionarios que tejió mecanismos para desviar $351 millones que fueron a parar a manos de empleados públicos y particulares.
En el caso Saqueo Público, la Fiscalía ha establecido que parte del dinero sustraído de las cuentas de Casa Presidencial se utilizó para cubrir gastos personales, comprar vehículos y remodelar propiedades, así como para pagar viajes, sobornos y hasta cirugías plásticas.
La FGR señaló que en el caso Saqueo Público fueron evidentes para el desvío de los fondos «el sistema de prestanombres, la simulación de documentos y la utilización del sistema financiero».
