«Podemos decir, categóricamente, que su estado de salud es estable. Al momento se encuentra con su familia en el centro penitenciario. La familia va a ser un factor importante para recuperar el estado anímico de la privada de libertad», declaró Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, en conferencia de prensa.
Áñez atentó contra su vida por una «depresión severa» debida a su prolongado encarcelamiento, explicó su hija, Carolina Ribera. Uno de sus abogados dijo que era una forma de enviar «un mensaje de ayuda, de auxilio y de socorro».
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, aseguró el sábado que Áñez «habría pretendido (…) generarse una autolesión» y que tenía «pequeños rasguños en uno de sus brazos».
La exmandataria interina, de 54 años, encarcelada preventivamente desde hace cinco meses, es acusada en tres procesos diferentes de genocidio, terrorismo, conspiración, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes durante su gestión presidencial de un año (2019-2020).
«La Administración Penitenciaria ha aceptado que un familiar se quede a pernoctar todas las noches acompañando la recuperación de la señora Áñez. Añoche su hijo la estuvo acompañando», detalla un boletín entregado a la AFP por el Ministerio de Gobierno (Interior).
La oficina de la Unión Europea (UE) en La Paz dijo el sábado en Twitter que «escucha con preocupación las noticias» sobre la expresidenta y que espera que «las autoridades responsables hagan todo para garantizar su derecho a la salud integral, tanto física como mental».
«Nos preocupan los informes sobre el bienestar psicológico de Jeanine Áñez. Alentamos al gobierno de Bolivia a garantizar que reciba la atención adecuada», indicó de su lado la embajada de Estados Unidos en Bolivia por la misma red.
Los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005), Jorge Quiroga (2001-2002) y el socialdemócrata Jaime Paz (1989-1993) pidieron a las autoridades «preservar la vida e integridad física y psicológica» de la expresidenta.
«El gobierno es respetuoso de los Derechos Humanos», subrayó Limpias tras aseverar que no recibió observación alguna por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ni de la Defensoría del Pueblo.
