El expresidente de la república por el partido ARENA, Alfredo Cristiani, es prófugo de la justicia desde el pasado 29 de julio de 2021, cuando huyó del país días después de haber comparecido ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el destino de los fondos otorgados en concepto de sobresueldos.
El exmandatario está involucrado en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, hecho perpetrado en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 durante la guerra civil del país y por eso la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó el pasado 25 de febrero de 2022 ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador.
Las víctimas son: Ignacio Ellacuría Beascohechea, Ignacio Martín Baro, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, José Joaquin López y López, Armando López Quintana y las colaboradoras Julia Elba Ramos y Celina Maricheth Ramos.
Tras presentar la acusación formal, el fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que, «En esa ocasión las víctimas, seis sacerdotes jesuitas y dos salvadoreñas que colaboraban con ellos, fueron asesinados por miembros del Ejército. La Fiscalía está empeñada en llevar ante el banquillo de los acusados a los responsables de ordenar este lamentable y trágico hecho».
Agregó que mediante estas acciones la FGR está impulsando la búsqueda de la verdad, de la justicia, la reparación para las víctimas y evitar que este tipo de acciones se vuelvan a repetir; además, el funcionario se comprometió a seguir con las investigaciones del caso.
«Existe el firme compromiso de esta administración de continuar realizando las investigaciones, de continuar llevando ante la justicia a todos aquellos responsables de cometer estos crímenes durante el conflicto armado, la tarea es grande y difícil, pero esperamos que con la colaboración de toda la población podamos enfrentar y superar estos lamentables hechos», expresó Delgado, en esa oportunidad.
Cristiani junto a los demás implicados por el caso son procesados por: asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo, hurto calificado, fraude procesal y encubrimiento personal.
