En San Salvador, ocho extranjeros falsos importadores de vehículos quienes a través de la empresa Venicars engañaron a más de 1,000 personas, enfrentaron una audiencia correspondiente al cuarto proceso penal que la Fiscalía General de la Republica ha presentado por el delito de estafa agravada.
Los procesados son: Daniel Alejandro Guzmán, Gabriel Andrés Ponce Ruiz, Doménica Elizabeth Flores Rodríguez, Mabel Ruth Solís, Bryan José Urbano Salazar, Brayan Alexander Camacho Melean, Francis Dorelys Batson Guzmán y Heidy Jhoanna Álvarez Topón.
En la audiencia de imposición de medidas el tribunal conoció por 50 víctimas, quienes presentaron denuncias en contra de la referida sociedad anónima dedicada a ofrecer compra programada de vehículos, con o sin prima, sin intereses y cuotas fijas.
Hasta la fecha, la Fiscalía ha presentado cuatro casos; en el primero y segundo son 10 personas las afectadas en caso proceso, el tercer expediente fue por 42 víctimas y el último incluye 50.
Entre los cuatro casos el monto de lo estafado sobrepasa ya $1 millón, todas las personas que han declarado manifestaron, en sede fiscal, que los convencieron para realizar depósitos de dinero en agencias bancarias con la promesa que en 15 días o tres semanas recibirían los vehículos.
Las víctimas tuvieron el primer contacto con los imputados a través de redes sociales ya que Venicars publicó en redes sociales ofertas de financiamiento para obtener vehículos «con facilidades de pago y a un bajo costo».
Las personas afectadas por la estructura criminal depositaron entre $800 y $1,000 en efectivo, dinero que perdieron ya que los imputados se negaron a devolver.
Otros estafados han denunciado que efectuaron depósitos bancarios de $5,000 a $10,000 en concepto de adelanto por los vehículos, posteriormente les notificaron que el dinero era para participar en asambleas en las que rifarían las compraventas de los vehículos.
Los cuatro procesos han sido presentados en el mismo tribunal contra el crimen organizado y una vez culmine la etapa de investigación de la fase de instrucción, la Fiscalía tendrá que presentar nuevos elementos de prueba para que en una audiencia preliminar se admitan y los analicen en vista pública.
