El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó como «muy buena noticia», el hecho de que Estados Unidos haya designado como organización terrorista global a ocho grupos del crimen organizado de América Latina, incluida la Mara Salvatrucha.
Delgado indicó que esa categorización es una «muy buena noticia» que las autoridades de otros países emprendan una ruta similar a la que se está llevando a cabo en El Salvador en contra de esas estructuras criminales.
Para el jefe del ministerio público, las medidas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele son las adecuadas y han permitido que su institución procese a miles de criminales en los tribunales.
«Estamos listos para trabajar con las naciones amigas para lograr combatir las amenazas regionales y lograr erradicar el crimen organizado, de nuestros países», resaltó Delgado.
A partir de este 20 de febrero, Estados Unidos designó a los grupos criminales: Tren de Aragua (de Venezuela), la Mara Salvatrucha (EE.UU. y El Salvador), y los mexicanos el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, son catalogadas como organizaciones terroristas extranjeras.
Como parte de los argumentos, el secretario de Estado, Marco Rubio, apuntó a que esta decisión se tomó con base «en una revisión de los registros administrativos reunidos en este asunto, y en consulta con el Procurador General y el Secretario del Tesoro».
El tema es clave para el actual gobierno de EE. UU.
El presidente estadounidense Donald Trump firmó el día de su toma de posesión una orden ejecutiva con el fin de que se designaran a estas organizaciones como terroristas.
«Los cárteles han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental que no sólo ha desestabilizado a países de gran importancia para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado a los Estados Unidos de drogas letales, criminales violentos y bandas despiadadas», indicó el decreto firmado por Trump el pasado 20 de enero.
Después de asumir el cargo, Trump también ordenó a funcionarios de alto rango que tomaran medidas para prepararse para invocar una ley de 1798 en tiempos de guerra que podría permitirle deportar a presuntos miembros de pandillas sin audiencias judiciales.
Hasta ahora esa designación permite a autoridades de EE.UU. enfocar recursos humanos, legales y logísticos para ir tras los miembros terroristas, capturarlos y procesarlos hasta condenarlos con penas hasta de cadena perpetua o deportarlos a otros países como Cuba, a la base militar de EE.UU. de Guantánamo.
