La pandilla Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, operaba como un «estado paralelo» al Estado democrático, pues ejercía control total sobre las comunidades, así estableció un perito en el juicio contra dicha estructura en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado.
El perito indicó que la pandilla mantenía control en el uso de parqueos comunes, en el ingreso de personas que no eran de la zona, la monopolización de la distribución de productos básicos, la usurpación de inmuebles y controlaban conexiones ilegales de servicios de agua, energía eléctrica e internet.
Dichas afirmaciones fueron expuestas en la quinta jornada de la audiencia única abierta en contra de 486 cabecillas de la MS.
Una estructura jerarquizada
Además, en la diligencia se reafirmó que la pandilla estaba estructurada en niveles jerárquicos, de mayor a menor rango, donde la máxima autoridad eran los ranfleros históricos, seguidos de los ranfleros en libertad y los que estaban en centros penales; los corredores de programa en libertad y en penales; los corredores de clica; los homeboys; los chequeos; el personal en observación; los paros; los colaboradores y los testaferros.
A lo largo de la década entre 2012 (año de la tregua avalada por el gobierno de Mauricio Funes) y 2022, los pandilleros usaron testaferros para «invertir» o lavar el dinero de extorsiones en diferentes negocios como bares, cafeterías, carwash, taxis, microbuses y en rutas de buses, entre otros.
El analista detalló cómo estaba conformada la estructura criminal, reglas, funcionamiento y las actividades delictivas de la MS, basado en entrevistas a testigos, informes de investigación e información obtenida de celulares.
Se detalló que la estructura tenía 103 reglas internas o «testamento», entre ellas, se imponía que cualquier falta de respeto hacia un ranflero (jefe de la estructura) era severamente castigada; si un miembro cometía delitos como violación (sin autorización), la misma pandilla investigaba los hechos y de confirmarse la responsabilidad, lo mataban; además, si incumplían órdenes eran castigados con golpizas y, en casos reiterados, con la muerte. Tampoco se podía atentar contra familiares de los homeboys y se debía comunicar si identificaban informantes o pandilleros rivales.
En la investigación sobre los métodos de asesinato, se identificaron dos modalidades: la primera, denominada «H1», consistía en desaparecer y enterrar a las víctimas; la segunda era el método «asolear», que implicaba asesinar y dejar el cadáver en la calle. Ambos debían ser autorizados por los cabecillas pandilleros.
El ministerio público también explicó que en el análisis se expuso que hasta el 2022, la MS-13 contaba con 34 programas a nivel nacional, en cuatro zonas, de las cuales 8 eran de la zona occidental, 14 en la zona central y metropolitana, 5 en la zona paracentral, 5 en la zona oriental y además de dos programas internacionales en Los Ángeles y México; todos estos programas agrupaban aproximadamente 230 clicas (celulas).
En la invertención, el analista se refirmó que la cúpula de la MS ordenó que se «abrieran las válvulas», término usado dentro de la pandilla para referirse a las órdenes de matar indiscriminadamente a civiles.
La Fiscalía explicó que entre 2011 y 2022, se identificaron 25 «valvulas» con base en testigos, y 21 adicionales según otras fuentes. En el 2017 fue el año en que ocurrieron más válvulas con 12 casos registrados.
Además, se documentó que entre 2012 y 2022 fueron asesinados 525 empleados del estado. El punto más alto fue en 2015 con 104 víctimas, en su mayoría agentes de la Policía Nacional Civil, muchos de los cuales fueron asesinados en sus días de licencia o en emboscadas.
