Tramitación y ventas de licencias de conducir sin hacer exámenes; conexión de nuevos servicios de agua, instalación de medidores de agua y legalización de instalaciones antiguas son parte de los servicios que, de manera fraudulenta, ofrecían algunos miembros del Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Transporte (VMT) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), por lo que la Fiscalía ordenó su detención en los últimos meses.
Los exempleados se valieron de sus puestos de trabajo en el gobierno para engañar a la población. Tras sendas investigaciones y colaboración de los titulares de las instituciones afectadas, los imputados ya enfrentan procesos judiciales por los delitos de cohecho propio, cohecho activo, fraude de servicios y fluidos, estafa agravada, falsedad ideológica, y uso y tenencia de documentos falsos.
Los procesos contra los exempleados gubernamentales están enmarcados en la Guerra contra la Corrupción que anunció el presidente Nayib Bukele en junio de 2023.
«Declaramos la guerra contra la corrupción. Así como actuamos contra los pandilleros actuaremos contra los delincuentes de cuello blanco, vengan de Una estructura de empleados de escuelas de manejo, examinadoras y empleados del VMT fueron capturados en febrero pasado por ofrecer licencias de conducir de forma ilícita,donde vengan. No importa si robó hace uno, cinco o 30 años, porque les recuerdo que los delitos de corrupción ya no prescriben», afirmó el gobernante en esa oportunidad.
Una de las estructuras desarticuladas fue la enquistada en ANDA región occidental, compuesta por empleados de la institución y particulares que cobraban sumas «exorbitantes» —entre $800 y $3,000— de dinero para brindar ciertos servicios de forma expedita.
El ministerio público detalló que de las 12 personas capturadas el viernes 13 de junio, nueve de ellos son empleados de ANDA, dos son particulares y el tercero es un exempleado de la entidad autónoma.
Entre los arrestados están el gerente regional, José Élmer Umaña Ibarra; el jefe del departamento de Operaciones, Marlon Ernesto Guzmán Mendoza; el encargado de Factibilidad, Éver Iván Orellana García; y el inspector de la Unidad de Nuevos Servicios y Catastro Comercial Mario Ernesto Cristales Hernández.
Además, un operador de estación de bombeo, Óscar Armando Linares Rivas; el colaborador administrativo de operaciones Carlos Mauricio Nolasco Menjívar; la auxiliar administrativa encargada de saneamiento Rosa Idalia Pérez de Barahona; la colaboradora de atención al cliente Yeny Elizabeth Pubil Chamul; y el fontanero Eldín Joel Portillo Aguilar.
También detuvieron a un exemplea – do de ANDA, quien fue jefe de nuevos servicios de occidente, Carlos José Medina Vargas; así como a los particulares Abel Ángel Rodríguez Chávez y Yanira Yaneth García Rodríguez.
De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y febrero de 2025, la estructura se aprovechó de las gestiones de algunos usuarios para obtener dinero para beneficio propio por servicios ordinarios que brinda la autónoma a costos accesibles para la ciudadanía.
Los imputados operaban desde que llegaban las solicitudes para la conexión del servicio de agua potable, retenían la petición o la rechazaban por diversos motivos, aunque hubiera factibilidad en la zona (ciertos casos); luego, un particular contactaba a las víctimas y les ofrecía un «servicio especial, expedito, de conexión y legal» por el cual cobraban entre $1,000 y $3,000.
Entre esos servicios que ofrecían están la conexión de nuevos servicios, la instalación de medidores de agua, la legalización de instalaciones antiguas y otros. De la estructura se han contabilizado más de 200 víctimas estafadas con esos cobros.
En varios casos, el servicio nunca fue brindado. Los imputados son acusados de los delitos de cohecho propio, cohecho activo, fraude de servicios y fluidos, estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
VENDÍAN LICENCIAS DE CONDUCIR
En febrero de este año, el ministerio público desbarató una estructura de corrupción conformada por personal de escuelas de manejo, empresas examinadoras y empleados del VMT, quienes vendían exámenes aprobados para obtener licencias de conducir.
La investigación da cuenta que con técnicas especiales de investigación implementadas con el apoyo de la Policía fue posible determinar que la estructura operaba en los alrededores de Sertracen San Salvador, en escuelas de manejo y examinadoras de ese sector y en diferentes departamentos del país, entre estos, San Miguel, donde ofrecían alterar los resultados de pruebas reprobadas a precios de entre los $800 y los $1,000, para la obtención rápida de las licencias de conducir.
Las personas que adquirían estos servicios no se sometían a los exámenes regula – dos por la ley (teóricos, prácticos y visuales) y, en algunos casos, estas personas no sabían leer ni escribir. En esa ocasión, los allanamientos se efectuaron en diferentes departamentos del país, como Santa Ana, Usulután, Chalatenango, La Libertad, Cuscatlán, San Miguel y San Salvador.
Entre los arrestados están Víctor Manuel Vargas Contreras, Carlos Hébert Cortez Tobar y Víctor Wilfredo Recinos Rodríguez, empleados del VMT sede San Salvador; así como Irma Yanira Vásquez, Milagro del Carmen Guevara Rivas, Jeimy Guadalupe García Cruz y Carlos Alberto Sorto Lemus, todos parte del personal del VMT con sede en San Miguel.
También se capturó a personal ligado a tramitadoras o escuelas de manejo que eran parte de esta red de corrupción: Karla Elizabeth Chávez Mejía, Fredy Edgardo López López, Meztli Natalia Herrera Cornejo, Jónathan Alexis López Herrrera, Ely Uziel Quiñónez Mercado, Arturo Ernesto Rivera Cerritos, Manuel Antonio Melgar Amaya, Carlos Antonio Castro Pérez y Wílber Alfredo Platero Platero. Los imputados son procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, cohecho activo, falsedad ideológica, y uso y tenencia de documentos falsos.
«La Fiscalía sigue trabajando para defender a los salvadoreños, pues esta red de corrupción ponía en riesgo a la población, otorgando permisos irregulares a quienes no estaban capacitados para la conducción de un vehículo», precisó en esa oportunidad el fiscal adjunto para la Defensa de los Intereses del Estado Jónathan Mata.
