En el inicio de los alegatos de cierre que se extenderán por dos semanas, el equipo de fiscales centró su exposición, este viernes, en cuatro puntos que detallan el accionar de la Mara Salvatrucha entre el 2012 y 2022, bajo el mando de 486 cabecillas.
El primero de los elementos destacados es la teoría de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, es clave para la Fiscalía General de la República, porque fueron los jefes de esa estructura terrorista enjuiciada en la audiencia única abierta quienes dieron las órdenes de consumar 47,427 delitos en una década.
Probarle al Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado esa teoría, permitirá que el juez responsabilice penalmente a los cabecillas y les imponga miles de años de prisión, entre los procesados hay 24 ranfleros históricos, ranfleros de penales (delinquían desde las cárceles), ranfleros de la calle, corredores de programa y jefes de clicas.
Lo que el ministerio público pretende es que no se vea a los cabecillas como simples cómplices o inductores, sino como los hombres de atrás, quienes en su calidad de máximos jefes de estructuras ordenaron crímenes sin ensuciarse las manos.
Los alegatos de clausura también incluyen la exposición de la evolución que ha tenido la Mara Salvatrucha desde que fue creada y cómo jerárquicamente ha sido dirigida.

Los modos operandi comenzaron a ser implementados en El Salvador, cuando varios de los cabecillas enjuiciados fueron deportados desde Estados Unidos en el 2000, instalando 230 clicas [células territoriales] que han dependido de 32 programas [estructura jerárquica superior]; 30 en el país y dos en el extranjero.
«Vamos a detallar el denominado ‘testamento’, que son las reglas que la pandilla aplica a toda la estructura a fin de tenerlos adoctrinados y que nadie se salga del sometimiento y así los cabecillas mantenerse siempre al mando»”, detalló Max Muñoz, fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
Agrupaciones ilícitas es el delito principal acusado por el hecho de ser miembros de la Mara Salvatrucha, además de extorsión, tráfico de armas, tráfico de droga, trata de personas y 444 casos de homicidios con un total de 29,000 víctimas que fueron ejecutadas en todo el país con el aval de los jefes de la MS.







