Pena de 30 de cárcel solicitó la Fiscalía General de la República para 26 pandilleros de la 18 enjuiciados por delitos de crimen organizado.
La estructura enfrentó la vista pública por el delito de extorsión agravada en perjuicio de dos víctimas con régimen de protección, también son señalados de agrupaciones ilícitas y proposición y conspiración en delito de homicidio.
En el juicio desarrollado por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, el ministerio público presentó grabaciones obtenidas mediante intervención de telecomunicaciones que un juzgado de instrucción autorizó.
En los audios reproducidos en el juicio, se escucha a los pandilleros cuando están extorsionando a sus víctimas y también hablan de cometer homicidios.
Esas grabaciones forman parte de las pruebas que el ministerio público anexó al proceso para ilustrar al tribunal las acciones delictivas que la estructura terrorista cometió.
A una de las víctimas los pandilleros la contactaron para exigirle $1,800 a la semana, pero después decidieron cambiar la cuota y se la aumentaron a $1,500.
Ante las amenazas recibidas la persona afectada acudió ante las autoridades para que comenzaran a investigar el hecho ocurrido durante el año 2019.
A una segunda víctima, los terroristas la amenazaron con asesinarla si no accedía a pagar la extorsión; en su declaración contó que pagó diversas cantidades de dinero.
Los pandilleros delinquían en la colonia Santa Rosa, colonia Sonora y otros puntos del municipio de Cuscatancingo. En esas zonas se habían organizado para planificar crímenes contra personas que se negaban a colaborar con ellos, así lo expuso la Fiscalía en su exposición.
