La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado que el expresidente de la Asamblea Legislativa Othon Sigfrido Reyes Morales y otros nueve acusados sean condenados a pagar, en concepto de responsabilidad civil a favor del Estado, $24,150,791.75 de forma solidaria y subsidiariamente con seis sociedades, a través de las cuales, presuntamente, se lavó dinero público.
El auto de apertura a juicio emitido por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador fue remitido al Tribunal Segundo de Sentencia; dicha sede judicial no solo resolverá sobre el pago millonario pretendido por el ministerio público, sino que deberá decidir si condena o absuelve a los 10 imputados por cinco delitos atribuidos.
En el expediente elevado a vista pública se detalla que la Fiscalía superó los extremos procesales de la acción civil resarcitoria de daños derivados de los delitos de peculado, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero, incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada.
El reclamo de los más de $24 millones es respaldado con cuatro pericias elaboradas por 11 expertos ofrecidos como testigos. Una se denomina audito ría forense o pericia financiera contable, pericia forense de examen especial de la Asamblea Legislativa, pericia forense de examen especial de venta de inmuebles y auditoría financiera contable de emplea dos del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), con las cuales se determinó el incremento patrimonial no justificado acreditado a los acusados y a las seis empresas.
También se fortalece el reclamo millonario con una pericia de valúo de in muebles, una extracción y resguardo de información electrónica, elaboradas por cuatro especialistas.
Una de las pericias claves es la financiera contable que confirma el incremento patrimonial no justificado de los 10 acu sados y las sociedades Terrein S. A. de C. V., Lubbex S. A de C. V., Eko Lime S.A de C. V., Cihuatán S. A. de C. V., Bel House Supplies S. A. de C. V., Rabo Recycling S. A de C. V. y L&M Asociados S. A. de C. V.
En el extenso expediente y los más de 4,000 folios del dictamen de acusación se detalla que con este examen especial se ha determinado el comportamiento activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, la variación en el patrimonio de los imputados, así como sus sociedades.
Además, se determina cuál fue el origen de los fondos depositados en las cuentas bancarias, la forma de adquisición de los bienes muebles e inmuebles y el dinero recibido en concepto de viáticos, junto con la cantidad pagada en exceso por parte de la Asamblea a Sigfrido Reyes.
En el proceso hay abundante información de pagos en concepto de viáticos por viajes en misiones oficiales de Reyes Morales. En un informe se detalla que fueron más de $106,000 con la novedad y agravante de que él, en su calidad de presidente del congreso, se los autorizaba y luego cobraba, acción que a juicio de la Fiscalía configuró el delito de peculado.
ESTRATEGIA CRIMINAL
Según la acusación, entre 2006 y 2019, Re yes, supuestamente, estuvo lavando dine ro junto con nueve personas, con quienes creó una red para tal fin.
La sustracción de fondos mediante viáticos de la Asamblea Legislativa y la compra de inmuebles al Ipsfa a un bajo precio fueron acciones precedentes para el blanqueo de dinero, según la Fiscalía.
Se crearon las sociedades Terrein S. A. de C. V., Lubbex S. A de C. V., Eko Lime S. A. de C. V., con el único fin de dar apariencia legal a los fondos que Reyes Morales obtuvo de forma ilícita, señala el ministerio público en el expediente.
Al constituir esas empresas consideradas como fachada, los viáticos que se autoadjudicó en la Asamblea Legislativa los colocó en ellas en compra de bienes e inmuebles, abrió seis cuentas de ahorro y una corriente, pagó tarjetas de crédito, originándose de esa manera la denominada «estratificación», un término que en materia de lavado de dinero no es más que la realización de transacciones financieras sofisticadas que permiten darle apariencia legal a fondos ilícitos y no dejar rastros de las actividades irregulares.
En un examen elaborado por la Corte de Cuentas de la República, en noviembre de 2019, por la venta de cinco terrenos del Ipsfa a la sociedad Terrein S. A. de C. V., se determinó que los inmuebles debieron venderse en $545,849.87 y no en $440,501.01. Esa compraventa causó un perjuicio patrimonial de $105,348.86, dinero que supuestamente se quedó en poder de Reyes Morales y pasó a formar parte del monto lavado.
Con el expediente enviado a vista pública se detalla que «se ha logrado establecer en grado de certeza que nos encontramos frente al despliegue de diferentes actos aparentemente aislados, pero realmente continuados y coordinados mediante la intervención de diferentes personas, en instituciones claves» y que el Tribunal Segundo de Sentencia decidirá durante el juicio.
