El secretario general del FMLN, Manuel Flores, mostró su inconformidad con la vigencia del estado de excepción y planteó que esa medida no es sostenible para combatir a las pandillas y reducir los índices de criminalidad que imperaron en los 30 años de los gobiernos areneros y efemelenistas.
«Este Gobierno está enfocando únicamente su esfuerzo en materia de seguridad. Es cierto, ha mejorado, pero está bajo un régimen de excepción, militarizado y un país militarizado no es un país en paz. Es una bomba de tiempo», planteó Flores ayer en la entrevista matutina Bajo Fuego.
El dirigente efemelenista cuestionó la vigencia del régimen de excepción a pesar de que el segundo Gobierno de su partido (2014-2019), encabezado por Salvador Sánchez Cerén, anunció la implementación de esta medida legal para combatir la criminalidad, sin embargo, nunca la aprobó.
No es la primera vez que el partido de izquierda ataca el estado de excepción. En la legislatura anterior, el grupo parlamentario efemelenista presentó una iniciativa de ley para derogarlo, sin embargo, la solicitud fue archivada ante la falta de respaldo legislativo.
Sondeos de opinión de casas encuestadoras nacionales e internacionales muestran que más del 80 % de la población respalda la continuidad de la medida legal que inició el 27 de marzo de 2022 ante la escala de violencia que provocaron las pandillas dos días antes.
Durante su participación en la entrevista, Flores, no responsabilizó a los dos gobiernos efemelenistas (2009-2019) de los altos índices delincuenciales que afectaron al país durante ese periodo, sino que justificó que la inseguridad se desbordó por las maniobras de la derecha política.
«La derecha estuvo saboteando nuestros 10 años de gobiernos. Se hicieron esfuerzos grandes, pero también recuerden que cuando se hizo un préstamo para enfrentar el tema de seguridad [la Sala de lo Constitucional de] la Corte Suprema de Justicia lo invalidó. Nosotros hicimos esfuerzos grandes como Gobierno», justificó.
Flores hizo alusión a la emisión de títulos valores por $900 millones que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional en julio de 2016 porque la Asamblea, dominada en ese entonces por el FMLN y GANA, recurrió a diputados suplentes -y no ha propietarios- para emitir deuda y según el tribunal constitucional se incurrió en fraude.
