«Este año será el de una reforma de las pensiones que pretende garantizar el equilibrio de nuestro sistema para los años y décadas venideros», dijo Macron, de 45 años, en su discurso de Año Nuevo, reiterando su deseo de verla en vigor en 2023.
Su gobierno considera esta reforma necesaria para asegurar el equilibrio del sistema de pensiones para 2030. Su primera ministra, Élisabeth Borne, que realizó consultas con los actores sociales esta semana, desvelará el futuro plan el martes.
«No hay mucho suspense: Será [un retraso de la edad a] 64 años, junto a una aceleración» del aumento de la duración de cotización para cobrar una pensión completa, afirmó el presidente del sindicato CFTC, Cyril Chabanier, tras reunirse con Borne.
Este escenario tampoco convence a los sindicatos que se reunirán el martes para fijar una fecha de movilización. «Si hay un retraso de la edad legal a 64 o 65 años, la CFDT se movilizará», advirtió Laurent Berger, jefe de la primera central francesa.
La oposición de izquierda, de los ecologistas al ala radical reunida en torno a la alianza Nupes, también prepara una ofensiva en las calles para obligar al gobierno a dar marcha atrás.
La alianza, que también incluye a ecologistas y comunistas, considera que no hay «ninguna necesidad económica» para esta reforma que recorta los «derechos sociales», ya que «no hay amenaza de déficit insalvable» en el sistema de pensiones.
Las cifras oficiales muestran un régimen de pensiones equilibrado a corto plazo, pero sujeto a fuertes déficits en las próximas décadas por un envejecimiento de la población. La esperanza de vida es de 85,5 años en mujeres y 79,4 en hombres.
Un 2023 «peligroso» para Macron
La edad de jubilación en la segunda economía de la Unión Europea (UE) es una de las más bajas de Europa y, de salir adelante la reforma, Francia se acercaría a los 67 años adoptados o en vigor en Alemania, Italia o el Reino Unido.
Pese a ser una realidad en países vecinos, una mayoría de franceses rechazan un retraso de la edad de jubilación: un 54% se opondría frente a un 44% favorable, según un sondeo de Harris Interactive publicado el 2 de enero.
Incluso un 68% sería partidario, según otro sondeo de Ifop de principios de enero, a volver a la edad de 60 años instaurada por el presidente socialista François Mitterrand en 1982 y a la que el conservador Nicolas Sarkozy puso fin en 2010.
Para sacar adelante la reforma, el oficialismo espera contar con el apoyo del partido de derecha Los Republicanos (LR), que en los últimos meses se convirtió en la muleta del gobierno para alcanzar la mayoría absoluta parlamentaria perdida en junio.
Para evitar sorpresas y una eventual obstrucción parlamentaria, el gobierno aboga por usar el mecanismo conocido como 49.3 que le permite adoptar una ley sin someterla a votación. La única manera de frenarla sería aprobando una moción de censura.
Macron, según dijo el ministro de Trabajo Olivier Dussopt, se plantea incluso disolver la Asamblea Nacional (cámara baja), si esta ley, símbolo de su impulso reformista, no sale adelante.
Algunos temen una estallido de cólera popular como el de los «chalecos amarillos», que golpeó su primer mandato. «Las bases están ahí y una chispa podría incendiarlo todo», estimó a la radio Europe 1 Frédéric Dabi, director de Ifop.
En un contexto de temor por la inflación tras años de crisis sanitaria, el gobierno ha intentado aplacar las tensiones en las últimas semanas, con los revisores de trenes o panaderos, para evitar un movimiento de protesta mayor con la futura reforma.
«El año 2023 se anuncia peligroso para el presidente», opinó a la AFP la directora general del instituto de sondeos BVA France, Adelaïde Zulfikarpasic, constatando que los franceses están «cansados» tras la serie de crisis.
