Con la demanda por enriquecimiento ilícito contra el exsecretario técnico de la Presidencia (2009-2014) Alexánder Segovia se cierra un amplio círculo de corrupción fraguado por el expresidente prófugo Mauricio Funes para repartir miles de dólares provenientes de fondos públicos a sus exfuncionarios.
La demanda contra Segovia fue presentada ante la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador e incluye a su núcleo familiar por señalamientos de enriquecimiento ilícito por $279,555.80 que no pudieron justificar y que utilizaron en depósitos bancarios, compra de vehículos, venta y adquisición de inmuebles. La Fiscalía pretende que el dinero sea reintegrado al Estado.
En septiembre de 2023, el resultado de pericias financieras del caso Saqueo Público determinaron que, junto con Funes, un grupo de exfuncionarios tejieron mecanismos para desviar $351 millones, que fueron a parar a manos de empleados públicos y particulares.
La FGR señaló que en el caso Saqueo Público fue evidente para el desvío de fondos «el sistema de prestanombres, la simulación de documentos y la utilización del sistema financiero».
Fue establecido que parte del dinero fue utilizada para cubrir gastos personales, comprar vehículos y remodelar propiedades, así como para pagar viajes y sobornos.
Al menos 10 exfuncionarios de Funes son acusados. El fallo aún está pendiente de conocerse por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador. Entre los señalados está la ex primera dama Vanda Pignato y empleados de Casa Presidencial acusados de supuestamente colaborar con Funes para sustraer $351 millones de Casa Presidencial y desviarlos a cuentas personales. La Fiscalía ha solicitado condenas civiles y penales de hasta 30 años de cárcel.
Otros implicados son el exsecretario de Comunicaciones David Marciano Rivas; el exgerente Financiero Institucional Francisco Rodríguez Arteaga; el expresidente del Banco Hipotecario Manuel Rivera Castro; el exjefe de Tesorería Jorge Alberto Herrera Castellanos; el exjefe de Contabilidad Rigoberto Palacios Panameño y el asistente financiero Pablo Gómez. Además, el expresidente del extinto Centro Internacional de Ferias y Convenciones Miguel Menéndez (Mecafé); el piloto Luis Miguel Ángel García y Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro de Funes.
En otro proceso, cuatro exfuncionarios de Funes fueron condenados por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador tras ser imputados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En proceso abreviado confesaron los delitos, por lo cual se comprometieron a reintegrar los fondos públicos al Estado. El exministro de Hacienda Carlos Cáceres devolvió $210,000; Violeta Menjívar, exviceministra de Salud, $177,000; Hugo Alexánder Flores Hidalgo, exviceministro de Agricultura, $174,000, y la exviceministra de Tecnología Erlinda Hándal Vega, $162,000.