Dar tranquilidad y estabilidad a las familias que establecieron sus viviendas en las zonas de la antigua línea férrea fue uno de los mandatos del presidente Nayib Bukele tras asumir el poder en junio de 2019, así lo aseguró la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
La funcionaria informó que luego de dos años de trabajo articulado han entregado más de 4,500 escrituras a familias que se encontraban residiendo en condiciones de ilegalidad, para esto el Gobierno ha destinado una inversión de $2.1 millones.
Entre los beneficiarios se encuentran residentes de las comunidades El Amate, Los Cerritos, Los Ángeles, Güiscoyol y San Antonio de Sur, todas en el departamento de San Miguel, donde este 27 enero las autoridades hicieron llegaron 66 escrituras.
Sobre esta entrega, la funcionaria destacó que más del 60 % de los documentos de propiedad se emitieron a nombre de mujeres jefas de hogar.
Sol destacó el reconocimiento expresado por la Mesa Nacional de Línea Férrea al trabajo de regularización de propiedades que está llevando a cabo el Gobierno.
En este sentido, anunció que en el departamento de San Miguel está casi finalizado el proceso de entrega de escrituras, y que los siguientes que verían concluidas estas acciones sería Usulután, Santa Ana y Cabañas.
«Hemos empezado a saldar esa deuda, es un programa importantísimo porque estas personas se establecieron ahí durante el conflicto armado. En el pasado nadie les abrió las puertas, nadie les escuchó ni les dio seguimiento», señaló la funcionaria.
Para la funcionaria, además de la garantía legal sobre la tierra en la que residen que obtienen las personas al recibir sus escrituras, esta legalización también facilita otros ámbitos indispensables para el desarrollo, como los servicios básicos o acceso a servicios bancarios.
«Al no tener una escritura no se puede acceder a servicios básicos, y al mismo tiempo ese recibo sirve para que las personas tengan acceso a préstamos».
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Por otra parte, la ministra dijo que desde la actual administración se está buscando dinamizar los proyectos de vivienda de interés social, para lo cual se creó Ley de Urbanismo y Construcción.
Según Sol, en el pasado los constructores desestimaban realizar este tipo de proyectos por los altos niveles de burocracia institucional que les impedían obtener permisos a tiempo.
«Ellos nos comentaban que antes no les interesaba porque era muy largo el tiempo que necesitaban para obtener sus permisos y eso les comía sus costos, no podían tener ganancias de hacer proyectos de interés social», indicó
Al tiempo que remarcó que desde el Fondo Social para la Vivienda (FSV) existen programas de cero prima, 4 % de interés y hasta $30,000 de financiamiento para impulsar el acceso a las familias que más lo necesitan.
