El partido FMLN (exguerrilla) estuvo en el poder del 1.º de junio de 2009 al 1.° de junio de 2019, y durante esa década mantuvo o impulsó acciones, políticas y planes que minaron las capacidades de seguridad del Estado salvadoreño y de la población honrada, afirman politólogos y sociólogos.
Al asumir la presidencia de la república, Mauricio Funes —ahora prófugo de la justicia y condenado por actos de corrupción— se enfrentó a una alta tasa de homicidios provocados por las pandillas, a la cual el mandatario efemelenista respondió con la implementación de la denominada tregua entre las pandillas. Esa medida consistió en un pacto de su Gobierno con las estructuras criminales, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Como parte de esos arreglos, el Gobierno de Funes ordenó que reos que estaban en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, La Paz, fueran trasladados hacia reclusorios de medio o bajo nivel de seguridad, a cambio de que ordenaran la reducción de los homicidios en los territorios.
Esos reos, que principalmente eran cabecillas de estructuras criminales, fueron favorecidos con beneficios penitenciarios, como la instalación de televisores con servicio de cable en sus celdas. También fueron agasajados con fiestas y orquestas y con la participación de mujeres semidesnudas, de lo que hay evidencia por las fotografías que publicó en su momento la FGR como parte de sus investigaciones.
De acuerdo con la versión fiscal, el entonces ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, ordenó suspender operativos en colonias y comunidades asediadas por pandilleros para no romper el acuerdo con los grupos delincuenciales.
A criterio del politólogo Óscar Peñate, los dos gobiernos del FMLN socavaron las capacidades de seguridad y defensa del Estado salvadoreño, ya que su cúpula dirigencial creó las condiciones para el fortalecimiento de las estructuras criminales.
«El accionar de las maras fue más cruel, sanguinario y letal; por ejemplo, convirtiendo las penitenciarías en centros de operaciones criminales, entregándoles armas, entrenándolos militarmente y prestándoles los polígonos de tiro», recordó Peñate en torno a las acciones que impulsaron los gobiernos efemelenistas, que debilitaron la institucionalidad.
Además de la tregua —que inició en marzo de 2012—, agentes policiales y soldados denunciaron públicamente en ese entonces la falta o el mal estado de sus equipos de trabajo, como botas, uniformes y armas, situación que impactó negativamente en el combate de las pandillas.
Los policías y soldados también se quejaron del mal estado de los vehículos y motocicletas que utilizaban para el trabajo diario y las precarias condiciones de infraestructura de los puestos y delegaciones policiales a escala nacional.
Además del mal estado del mobiliario y equipo de trabajo, los agentes policiales y soldados denunciaron que la legislación vigente en ese momento ordenaba su captura cuando a causa de un enfrentamiento contra pandilleros resultaba herido o fallecía un delincuente.
«El sistema judicial estaba en función de proteger al delincuente, llegando al extremo inconcebible de que ni el policía ni el militar podían actuar en defensa propia, y si lo hacían eran encarcelados», refirió Peñate.
El sociólogo y analista político Mauricio Rodríguez calificó de «fallida la política de seguridad pública» de los dos gobiernos del FMLN, porque no combatieron frontalmente a las pandillas, mientras que organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales se dedicaron a defender los derechos de los delincuentes.
«Las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales hablaban de los derechos humanos de los delincuentes, pero nunca los vimos defendiendo los derechos de la población civil honrada que era asediada, asesinada, violada, secuestrada y extorsionada por los delincuentes», expresó Rodríguez.
El analista contrastó que ahora, con el Gobierno del presidente Nayib Bukele, las ONG salen en defensa de las pandillas, las que en el pasado fueron las responsables de la ola de crímenes contra la población honrada.
De acuerdo con las estadísticas del Gabinete de Seguridad, durante los 10 años del FMLN en el poder hubo 40,454 homicidios provocados por las pandillas.
«Ahora, con el régimen de excepción, el Plan Control Territorial, la construcción del [Centro de Confinamiento del Terrorismo] Cecot y las capturas de más de 80,000 pandilleros, hoy sí han salido a relucir y a hablar de derechos humanos, a rasgarse las vestiduras. Esa es una hipocresía», valoró el sociólogo.
Como parte de su política de seguridad pública, el presidente Bukele implementó en 2019 el Plan Control Territorial, dotando de uniformes y equipo de trabajo a los soldados y policías; y construyó y remodeló puestos y delegaciones en todo el país.
