El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confesó en una entrevista televisiva que cuando fungió como alcalde de Bogotá, entre 2012- 2015, entregó dinero público a los pandilleros a cambio de que dejaran de delinquir en la capital colombiana.
Petro criticó recientemente el trabajo de seguridad pública que impulsa el presidente salvadoreño Nayib Bukele, como la construcción del megapenal de San Vicente y la captura de miles de pandilleros que han causado luto y dolor a las familias salvadoreñas.
De acuerdo con el cálculo monetario que las autoridades municipales realizaron, Petro pagó $20.6 millones a casi 10,000 delincuentes por un año, según lo admitió el ahora mandatario colombiano en una entrevista en 2018.
«Cogimos 10,000 pandilleros. No era fácil, el Estado no tenía forma de tenerlo, nosotros lo logramos, les hicimos un cálculo de cuánto ganaban robando y eso se lo entregamos a cambio de estudio, trabajo social, y nos gastamos en eso 100,000 millones de pesos para 10,000», indicó.
En esa entrevista, Petro afirmó que lograron una reducción en el hurto de celulares; sin embargo, a la luz de los datos oficiales, ese delito se incrementó en 13.1 % porque en 2014 registraron 9,886 hurtos de aparatos telefónicos, el cual subió a 11,180 en 2015, el año en que pagaron a los delincuentes.
No ha sido la única ocasión en que Petro sale en defensa de los delincuentes. En agosto del año pasado le planteó al Gobierno de Estados Unidos que cambiara la política de extradiciones, en el sentido de que ya no sea extraditable quien «deje de ser definitivamente narcotraficante».
Recientemente, la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confrontó a Petro después que anunció que se darán pagos a los «nuevos voceros de paz», incluidos integrantes de la Primera Línea, quienes eran investigados por delitos relacionados con la protesta social.
«Hay una narrativa que es incorrecta. Yo no sé en el resto del país, pero en Bogotá nadie está en una cárcel por haber participado en una protesta. Están en la cárcel los que están, cinco, que dicen que son de la Primera Línea, yo ni siquiera creo que lo sean. Eran unos delincuentes, una gente que usó armas, que torturó personas, que las secuestró. Eso qué clase de protesta es. Eso es un delito», manifestó la jefa de comuna.
La alcaldesa de Bogotá no es la única que ha confrontado a Petro. El miércoles pasado —después de haber atacado el trabajo de seguridad que impulsa el presidente Bukele en El Salvador—, la senadora colombiana María Fernanda Cabal acusó a Petro de que durante su gestión como alcalde de Bogotá quebró el sistema de salud, promovió la construcción de centros de consumo de drogas y —como presidente de la república— ha favorecido a la guerrilla con un falso acuerdo de paz.
Asimismo, el congresista colombiano Miguel Polo Polo salió en defensa del trabajo del presidente Bukele y lamentó que ese país sudamericano sea dirigido por Petro, quien es de corte izquierdista. «Sr. @nayibbukele, como congresista de Colombia le informo que hoy nuestro país está arrepentido de haber elegido a un guerrillero de presidente. Mientras usted tiene popularidad mundial y su nación segura, acá hay masacres y el guerrillero quiere dar impunidad a los narcotraficantes».
Actualmente, Colombia vive una situación de inseguridad pública. Ayer, un policía y un civil murieron en enfrentamientos de comunidades indígenas y campesinos contra agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en una zona petrolera en Los Pozos, San Vicente del Caguán, en Caquetá. El presidente colombiano Gustavo Petro envió una comisión del Ministerio de la Defensa, Ministerio del Interior y las Fuerzas Militares «para atender la situación».
