El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, condenó a 16 años de cárcel a Ismelda Marisol Hurtado Cerna y su hermana Reina Vanessa por amenazar y obligar a los residentes de dos viviendas de Mejicanos a salir del lugar.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República probó que las mujeres coaccionaron a las víctimas a desplazarse forzosamente de Mejicanos o de lo contrario atentarían en su contra.
En las pesquisas que agentes policiales realizaron bajo la dirección de la Fiscalía se determinó que las pandilleras de la Mara Salvatrucha infundieron terror en la zona con el fin de sacar a las personas de sus viviendas.
#Condena I Dos hermanas vinculadas a la MS13 fueron sentenciadas a 16 años de prisión por amenazar y obligar a varias familias salvadoreñas a abandonar sus viviendas, en Mejicanos.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) February 20, 2024
En el 2022, Ismelda Marisol y Reina Vanessa Hurtado Cerna se acercaron a distintos residentes para… pic.twitter.com/zeuzOwJ3va
En el juicio la Fiscalía expuso que a finales de 2012 las mareras llegaron a la casa de las dos familias, a quienes les restringieron y prohibieron el libre desplazamiento en la comunidad, pero al ver que las víctimas no cumplían sus órdenes, las amenazaron de muerte para que abandonaran sus viviendas.
En las indagaciones los policías obtuvieron información de que las pandilleras habían llegado a la casa de varias familias para hacerles una serie de exigencias a nombre de la Mara Salvatrucha.
Habían ordenado a los residentes que no tenían autorización para transitar libremente y que como pandilla eran los que decidían los lugares donde podían ir y las actividades que iban a realizar.
Por temor a represalias ninguno de los residentes se atrevía a denunciar a las pandilleras quienes habían tomado el control en el lugar, ellas decidían quienes entraban y salían.
Pese a las amenazas, dos de las familias decidieron acudir antes las autoridades para denunciar lo que estaba ocurriendo y que se investigara el caso, la Fiscalía y Policía apoyaron a las víctimas, para proteger su identidad les otorgaron régimen de protección para garantizar que colaboraran aportando información y poder identificar las mareros para llevarlas ante los tribunales.
En el fallo emitido, el juez de la causa las encontró culpable por el delito de limitación ilegal a la libre circulación y accedió a la pretensión fiscal de condenarlas.
Al expediente se agregó información consistente en prueba documental donde consta la denuncia de las víctimas, actas de diligencias que agentes policiales realizaron, así como el testimonio de las familias afectadas por el accionar de las mareras.
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