La principal estación de tren de Lisboa estaba vacía, con la mayoría de los trayectos cancelados, y la aerolínea nacional TAP Air Portugal suspendió cerca de dos tercios de sus 250 vuelos habituales.
Según los sindicatos, la recogida de basura se interrumpió, y también dejaron de funcionar las unidades de hospitales encargadas de casos no urgentes.
Las escuelas y los tribunales también se vieron afectados por esta movilización, organizada por los sindicatos en respuesta a la ley propuesta por el gobierno minoritario de derechas que, según afirman, pretende simplificar los procedimientos de despido, ampliar la duración de los contratos temporales y aumentar los servicios mínimos exigidos durante una huelga.
El primer ministro, Luis Montenegro, insistió en que las reformas laborales, con más de 100 medidas, buscan «estimular el crecimiento económico y el pago de mejores salarios».
Pero los sindicatos CGTP y UGT han criticado duramente los planes. El paro es el mayor en Portugal desde junio de 2013, cuando el país necesitó la ayuda del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea para superar una crisis de deuda.
De una población activa de unos cinco millones de personas, alrededor de 1,3 millones están en situación precaria, afirmó Tiago Oliveira, secretario general de la CGTP.
La opinión pública respalda ampliamente la movilización: el 61% de los encuestados se mostró a favor del paro, según una encuesta publicada en la prensa portuguesa.
Aunque su partido, conservador, no tiene mayoría en el parlamento, el gobierno de Montenegro debería poder sacar adelante el proyecto de ley con el apoyo de los liberales, y de la extrema derecha, que se ha convertido en la segunda fuerza política del país.
Aunque Portugal ha registrado un crecimiento económico de en torno al 2 % y una tasa de desempleo históricamente baja, alrededor del 6%, el primer ministro asegura que el país debería aprovechar el clima favorable para sacar adelante las reformas.
