El Equipo Ad hoc que estudia un paquete de reformas a la Constitución de la república propondrá elevar a rango constitucional a la Defensoría del Consumidor (DC), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Las reformas constitucional en materia de controlaría pública y social darían vida a la Contraloría General del Estado (ex Corte de Cuentas). Esta institución la conformarían DC, IAIP, TEG y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDHH).
Dichas entidades fiscalizarán los fondos públicos, el patrimonio del Estado, salvaguardarán los derechos fundamentales de las personas, promoverán el desempeño ético en la función pública y detectarán las prácticas anti éticas y corruptas.
Asimismo, garantizarán el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia; y garantizar a los consumidores que los proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo, tanto públicos como privados e incluyendo los financieros, no ejerzan actos de abuso en su contra.
Para cumplir sus objetivos, se propone que dichas instituciones gocen de autonomía administrativa y económica, además, quienes las integrarán no serán por cuotas partidarias sino por una nueva propuesta de elecciones de segundo grado, que se basará en una lista de candidatos que saldrán de los colegios de profesionales
