El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó ayer que el 40 % del impuesto a las donaciones extranjeras, establecido en el anteproyecto de ley de agentes exteriores, será administrado por la cartera de Estado que preside y se utilizará en la ejecución de proyectos de educación y salud.
«Podemos construir más escuelas, podemos construir más infraestructura, podemos mejorar las capacidades de nuestra población como el programa de disminución de la brecha digital», anunció el ministro ante la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley está en estudio en dicha comisión desde el miércoles pasado, luego de que ingresó como pieza de correspondencia el martes durante la sesión plenaria por propuesta del Órgano Ejecutivo.
Zelaya aclaró que el 40 % del impuesto no afectará a instituciones como Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento, instituciones religiosas y de ayuda humanitaria, ya que su finalidad es desarrollar programas y proyectos en beneficio de la población salvadoreña.
El anteproyecto establece —en el artículo 1— que la ley se aplicará a personas naturales, jurídicas, nacionales o internacionales que reciben donaciones del exterior, a las cuales prohíbe —según el artículo 9— realizar «actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público» o que «pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país».
El impuesto del 40 % —que está plasmado en el artículo 10 del proyecto de ley— se aplicará al monto de la donación, deberá ser retenido por las entidades del sistema financiero y será reportado mensualmente al Ministerio de Hacienda junto con una declaración jurada.
«Cuando las operaciones se realicen en bitcóin y en dinero en efectivo, el sujeto pasivo obligado al pago será el agente extranjero.
Para este caso, la forma y el medio de pago lo determinará la administración tributaria», anunció el director de Impuestos Internos de Hacienda, Marlon Vásquez, quien acompañó a Zelaya a la comisión de relaciones exteriores.
El fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, se presentó ayer por la tarde a esta comisión y se mostró a favor de que la Asamblea Legislativa apruebe la normativa en los próximos días.
El funcionario argumentó que la ley impedirá la injerencia de entes extranjeros en El Salvador, que estén «inyectando capitales de origen ilícito en nuestro sistema financiero».
«La Unidad de Investigación Financiera [de la Fiscalía] va a tener a su cargo el registro de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, [y va a] iniciar investigaciones por delitos de lavado de dinero y activos cuando así corresponda», agregó el fiscal general.
