Fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, incautaron cuatro lotes a nombre de Edwin Omar Mayda Chacón, señalado de ser el cabecilla de una estructura que se adueñó de 23 propiedades y lavó $1 millón, este proceso penal es conocido como «caso inmuebles».
Un informe del ministerio público detalla que los inmuebles están ubicados en Santa Rita, de Chalatenango, y pasarán al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) mientras se sigue el proceso en el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
Mayda Chacón, es procesado junto a otros 39 imputados por el delito de homicidio, lavado de dinero, estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, proposición y conspiración en el delito de homicidio, agrupaciones ilícitas, acceso indebido a sistema informático y acusación calumniosa.
La Fiscalía dice que el imputado era parte de una estructura que colaboraba con miembros de la pandilla 18. «Con estas acciones, la @FGR_SV continúa en su lucha para golpear las finanzas de las estructuras delincuenciales que generan temor a la población salvadoreña», publicó el ministerio público.
La estructura que supuestamente dirigía Mayda Chacón, fue desarticulada el 13 de diciembre del año 2019, cuando la Fiscalía ordenó la captura de 146 personas que se apropiaban de inmuebles y luego los registraron en las dependencias oficiales con documentación falsa o alterada.
Edwin Omar Mayda Chacón, 51 años, acusado de dirigir la compleja red en complicidad con dos exempleados del Centro Nacional de Registros y pandilleros.
«Esta banda se dedicaba a estafar, también cometían el delito de lavado de dinero y activos, agrupaciones ilícitas, el cual es el proceso y que penalmente está siendo procesado en un juzgado especializado», dijo una fiscal que incautó los inmuebles.
Por la vía penal, el ministerio público está pendiente que el Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador, de a conocer el fallo en contra de Mayda Chacón y otros 39 imputados.
Las investigaciones en contra de esta estructura comenzaron en el año 2017, y después de dos años de una amplia investigación detectaron que había cometido 59 casos, las falsedades documentales sobresalieron en las pesquisas.
