A partir de hoy inicia el plazo de 90 días para que las organizaciones no gubernamentales (ONG) se registren en cumplimiento a la nueva Ley de Agentes Extranjeros, que entra en vigencia este día, según se detalla en el Diario Oficial publicado el 30 de mayo pasado.
La normativa, que fue aprobada el 20 de mayo con el voto de 57 diputados legislativos, establece la creación del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), por parte del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, al que deberán acudir las ONG para realizar el proceso.
Dicha ley es aplicable a «toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que dentro del territorio de El Salvador realicen actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero».
La normativa -que prevalece sobre cualquier ley que la contraríe- indica que es obligatorio que las ONG se registren en el RAEX, durante el periodo establecido, o podrán ser sujetos a multas que van desde los $100,000 hasta $150,000.
Uno de los puntos importantes de esta ley es el establecimiento de un gravamen del 30 % que será aplicado a cada transacción financiera, desembolso, transferencia, importación en especies o bienes materiales de cualquier tipo, que se realicen con fondos provenientes del mandante extranjero, ya sea a través de donaciones, pagos u otros conceptos, a favor de sus agentes extranjeros en el país.
Este impuesto será retenido por las instituciones del sistema financiero o por cualquier otra entidad, mecanismo, persona natural o jurídica que intervenga en la recepción, canalización o transferencia de fondos desde el exterior a favor de organizaciones sin fines de lucro, independientemente de que se encuentren o no dentro del sistema financiero.
Dicha disposición, que fue propuesta por el presidente Nayib Bukele, conlleva el propósito de destinar los recursos que se obtengan del impuesto a la atención de las demandas que hacen las familias de la comunidad El Bosque, en el distrito de Santa Tecla, quienes fueron estafadas por autoridades municipales del FMLN y ARENA y ahora se encuentran en vilo ante la posibilidad de perder sus viviendas por fallo judicial.
Durante la discusión que hicieron los diputados antes de aprobar el marco legal, se planteó que también será un instrumento para transparentar las acciones que las ONG hacen en el país.
Respecto a ese punto, la ley contempla ciertas prohibiciones a las organizaciones, como operar sin estar registradas en el RAEX, realizar actividades para fines políticos con el objetivo de alterar el orden público o que pongan en riesgo la seguridad nacional, recibir o utilizar donaciones para fines diferentes a los que fueron declarados, transmitir o hacer que se transmita en El Salvador información de interés de un mandante extranjero sin que se especifique quién financía o a nombre de quién se emite; entre otras, que de no ser cumplidas implicarían multas por más de $150,000.
