Contratar o trasladar a inmigrantes en situación irregular podría convertirse en una penalidad en Florida, a través del proyecto de ley SB 1718, que fue aprobado la semana pasada por el Comité de Reglas de la Cámara alta estatal.
Los grupos proinmigrantes ya se pronunciaron en contra de la iniciativa, que también abre paso a dejar sin efecto las licencias de conducir emitidas a inmigrantes que no se encuentren en regla en otros estados, así como obligar a los hospitales a recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes.
Además, propone que las empresas que los contraten, sabiendo su situación, serán multadas entre $5,000 a $10,000. Las penalidades se extienden a propietarios de viviendas que alquilen a inmigrantes en situación irregular.
La organización Poder Latinx publicó que uno de cada cinco residentes de Florida es un inmigrante y que el 57,4 % son latinos. Para el organismo, el proyecto «deja claro que los líderes en Florida no valoran la contribución de la comunidad al estado». Los inmigrantes representan más del 25% de la fuerza laboral de Florida, indica un documento.
La propuesta fue impulsada por el senador republicano Blaise Ingoglia y cuenta con el respaldo del gobernador Ron DeSantis.
