Costa Rica se encuentra en números rojos con un reporte en los homicidios registrados en cada provincia, dobles asesinatos y un aumento en la tasa por cada 100,000 habitantes. El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, señaló que no existe una «fórmula mágica» para controlar la situación, sino una suma de estrategias para cambiar la realidad del país lo antes posible.
El territorio cerró con 907 crímenes, un incremento del 39 % respecto a 2022, que finalizó con 654 fallecidos. Sin embargo, esta es solo una cifra preliminar, pues continúan las autopsias e investigaciones que definirán entre dos a tres meses la causa de muerte de las víctimas, dijo el director en una conferencia de prensa sobre un informe de la criminalidad en el país.
Entre las provincias más mortíferas se encuentra San José, con un aumento del 86 % de las víctimas, Cartago, con el 70 %; Guanacaste, con el 65 % y Limón, con el 45 %.
Asimismo, a escala nacional hubo una tasa 17.2 por cada 100,000 habitantes, cuando el año antepasado fue de 12.5. Zúñiga explicó que las bandas criminales ejecutan un homicidio cada nueve horas.
Los dobles homicidios ascendieron un 72 %, respecto a 2022 y los triples asesinatos un 600%.
Según la entidad judicial, los viernes, sábados y domingos, entre las 6 de la tarde y las 5 de la madrugada, se cometieron estos delitos.
«La modalidad» por ajuste de cuentas subió 70 % «un dato que no habíamos tenido antes», reiteró el director. Por comisión de otro delito tuvo un incremento del 45 % y por discusión o riña un 3 %.
Aclaró que no todas las víctimas mortales eran de nacionalidad costarricense, pues hubo 100 eran nicaragüenses y 13 colombianos.
Sin embargo, no todas las víctimas estaban vinculadas al momento de los ataques. El año pasado 52 personas, que no estaban relacionadas con ningún delito, murieron por estar en el momento equivocado. La cifra fue casi el triple que la de 2022, con 18 pérdidas humanas.
«Aunque la policía haga su mejor esfuerzo y realice la contención, hay un tema estructural que está generando los homicidios, mi primer tema es la educación, el hecho de que menos jóvenes se mantengan en las escuelas y no termine el ciclo educativo, está afectando», manifestó.
De acuerdo con el experto, estos jóvenes no podrán formar parte del sector laboral y al no poder optar por trabajos bien remunerados, se verán obligados a incorporarse al sector informal, donde «van a ser tentados para trabajar con miembros de grupos criminales», manifestó.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que más de 15,800 jóvenes abandonaron las aulas tras las vacaciones de medio año, esto equivale al 1.5 % de 1.027.579 estudiantes matriculados a principio de 2023.