A pesar de que el Gobierno toma medidas inmediatas para proteger la economía de las familias salvadoreñas ante la inflación mundial causada por diferentes factores externos que han incrementado el precio de las materias primas, el transporte, la logística e importación, detractores critican el trabajo realizado por las instituciones estatales.
Hasta el momento, las diferentes carteras de Estado han realizado inspecciones y verificaciones de los precios de la gasolina, alimentos y la tarifa del transporte público, donde este último rubro es el que más anomalías presenta, dejando, como una de las consecuencias, la detención del empresario Catalino Miranda.
En ese sentido, detractores como el prófugo de la justicia, Mauricio Funes, señaló que la detención de Miranda es «más show que otra cosa».
«Cuál es la base legal para capturar a un empresario de buses por alterar los precios de los pasajes? Según la Ley de Transporte, esta es una violación administrativa a la que se le aplica una multa y la suspensión de línea, pero no hay cárcel. Yo creo que es más show que otra cosa», publicó en sus redes sociales Funes, quien no profundizó en el atropello que cometía al cobrarle una tarifa excesiva a los salvadoreños que utilizaban dichas rutas.
Por su parte, Javier Simán publicó: «el Art 110 Const. Permite al Gobierno suspender el derecho de un privado a brindar un servicio público, pero no lo faculta a confiscar sus bienes para brindar el servicio. Eso es confiscación y lo prohíbe expresamente el Art. 106».
Asimismo, la abogada, Sulen Ayala, afirmó en redes sociales que la suspensión de la concesión de las líneas de la empresa de Miranda es únicamente un «negocio seguro para un Bukele o para alguien cercano a ellos».
La detractora del Estado asumió que en la actualidad algunas personas se encuentran a la deriva de que se les condene solo por criticar al presidente Nayib Bukele. «Estamos a la deriva y esperamos que si le caemos mal al señor Nayib Bukele va a usar su policía, su fiscalía y sus jueces para meternos a cárcel», dijo en un video, donde en ningún momento se refirió al robo que se les hacía a los usuarios del transporte colectivo.
Mientras que el periodista salvadoreño, Héctor Silva, catalogó las acciones en pro del pueblo salvadoreño como «lo de hoy no es más que otro paso para la consolidación de la dictadura. #ElSalvador».
La abogada Marcela Galeas posteó que las penas privativas de libertad están reservadas para delitos graves, no para infracciones administrativas, «es lección básica de Derecho», dijo. «Usar el poder punitivo del Estado de manera arbitraria desnaturaliza al Derecho Penal y provoca el quebrantamiento de la norma», sin comentar nada al respecto del cobro excesivo en el transporte público.
En este sentido, el presidente de la República, Nayib Bukele, envió un contundente mensaje a través de su Twitter: «Y para los de la oposición, que ahora también defienden a los transportistas que estafan a la población cobrándoles más por un servicio CONCESIONADO y SUBSIDIADO, les dejo el Art. 110 de la misma Constitución que siempre dicen defender y, si les queda duda, les dejo el Art. 112».
