Un juez conservador de la Corte Suprema de Estados Unidos criticó la intervención del máximo tribunal el sábado para suspender la deportación de migrantes venezolanos ordenada por el presidente Donald Trump, al calificar la decisión como «precipitada» y «legalmente cuestionable».
La máxima corte del país suspendió en las primeras horas del sábado la deportación de supuestos pandilleros venezolanos desde el estado de Texas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, tras una orden del gobierno de Trump invocando una ley del siglo XVIII.
Los magistrados conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas fueron los únicos en oponerse a la decisión mayoritaria entre los nueve miembros de la institución.
«Literalmente en mitad de la noche, la Corte emitió una medida sin precedentes y legalmente cuestionable (…) sin escuchar a la parte contraria en las ocho horas siguientes a la recepción de la demanda», argumentó Alito en un escrito.
«No teníamos ninguna buena razón para pensar que, en esas circunstancias, publicar una orden a medianoche era necesaria o apropiada», agregó.
Sin referirse explícitamente a la Corte Suprema, Trump fustigó el domingo en su red Truth Social a «jueces y agentes de la ley débiles e ineficaces que permiten que continúe este siniestro ataque a nuestra Nación, un ataque tan violento que nunca será olvidado».
La Corte Suprema acogió un recurso de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés), organización no gubernamental que defiende los derechos humanos y de los ciudadanos, ante la posible «expulsión inminente» del grupo de venezolanos.
El mes pasado, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y deportarlos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
La semana pasada, la Corte Suprema también ordenó al gobierno «facilitar» el regreso de un migrante salvadoreño expulsado por error en marzo y encarcelado en una prisión de su país precisamente bajo la misma ley.
Kilmar Ábrego García vivía en Maryland y había recibido un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado a su país porque podría estar en peligro.
El gobierno de Trump reconoció un «error administrativo» en la deportación de Ábrego García.
Sin embargo, Trump insiste en que Ábrego García es miembro de una banda criminal e incluso publicó el viernes en las redes sociales una foto aparentemente manipulada en la que aparece un símbolo de una banda tatuado en sus nudillos.
Los migrantes deportados a El Salvador se encuentran encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), al sureste de la capital, San Salvador. Esta prisión de extrema seguridad es considerada el penal más grande de Latinoamérica, con una capacidad para 40.000 presos.
