Entre el 9 de abril y 12 de julio de 2022, los juzgados especializados de instrucción de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, emitieron resolución en contra de 39,221 pandilleros y colaboradores, quienes quedaron en detención provisional mientras dure el proceso penal.
En las audiencias de imposición de medidas la Fiscalía General de la República solicitó a los jueces que les decretara la detención por el delito de agrupaciones ilícitas a todos, ya que es el delito en común por el cual fueron detenidos por soldados y policías.
A los mareros el ministerio público les acumuló otros tipos de delitos que van desde extorsión agravada, homicidio, robo, tenencia ilegal de armas de fuego, tráfico ilícito de drogas, privación de libertad y otros hechos de crimen organizado.
En las diligencias los jueces accedieron a las pretensiones fiscales ya que aplicaron las recientes reformas que la Asamblea Legislativa aprobó al Código Penal y Ley Penal Juvenil, las cuales sancionan con penas elevadas a los miembros de pandillas, colaboradores, cabecillas y financistas.
Según el último reporte de la Corte Suprema de Justicia, el 99.6% de los pandilleros y colaboradores han quedado en prisión y deberán esperar que los jueces realicen audiencia preliminar donde se determinará si pasan a juicio.
Los juzgados desde el 9 de abril que comenzaron a recibir los expedientes de los capturados por régimen de excepción, otorgaron a la Fiscalía plazos de cuatro y seis meses de instrucción para que se recopile más pruebas y presentarlas en la audiencia preliminar.
