En la historia de El Salvador solo han sido levantados seis censos: 1930, 1950, 1961, 1971, 1992 y 2007, a pesar de que la ley orgánica del servicio estadístico nacional mandata en su artículo 12 que deben hacerse cada 10 años.
En 2022 se cumplen 15 años del último censo, y para saldar esa deuda y tener claridad de la condición socioeconómica de la población, la Asamblea Legislativa autorizó al Ministerio de Hacienda suscribir un préstamo por $44 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Esos recursos servirán, en términos generales, para el financiamiento del Programa de Modernización del Sistema Estadístico de El Salvador, pero específicamente serán invertidos así: $30 millones para un censo de población y vivienda; $5.7 millones para el directorio de empresas y censos económicos; $5.3 millones para un censo agropecuario; $1.8 millones para una encuesta nacional de ingresos y egresos y $1.1 millones para el fortalecimiento de la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc).
El plazo para el pago del préstamo es de 25 años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato entre el Estado salvadoreño y el BID; la primera cuota será pagada en 66 meses, contados a partir de la fecha de la entrada en vigencia del contrato.
El aval para la negociación del préstamo lo dieron 64 votos de los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC. Los cuatro diputados del FMLN —partido que estuvo 10 años en el Gobierno y no levantó censos— votaron en contra.
Los diputados de ARENA no votaron por el préstamo. Ese partido gobernó 20 años e hizo censos de población y vivienda en 1992 y 2007, en las gestiones presidenciales de Alfredo Cristiani, quien presuntamente ya huyó hacia Italia, y Elías Antonio Saca, preso por actos de corrupción.
El coordinador del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, calificó como «urgente» la necesidad de que se haga un nuevo censo en el país, porque ayudará al Gobierno del presidente Nayib Bukele a generar políticas públicas en favor de la población.
«Las estadísticas de la Digestyc nos permiten identificar las áreas de inversión para generar políticas públicas a favor de la población; por ello, es necesario tener una actualización de datos», destacó el legislador en su intervención en el pleno legislativo.
El subjefe de GANA, Romeo Auerbach, votó a favor del financiamiento y consideró que el censo permitirá «saber quiénes somos, cuántos somos y cómo estamos, para implementar las políticas económicas, sociales y educativas en el país».
