«Nací y crecí en la colonia La Campanera, y hay muchos recuerdos aquí, de mi niñez, mis amigos, mi familia, amigos que ya no están, que por la misma situación que se vivía tuvieron que irse». Esas son las palabras de Marcos Escobar, uno de los miles de habitantes que fueron desplazados forzosamente por las pandillas del reparto La Campanera, Soyapango, y que con las mejoras en la seguridad con el combate frontal a las pandillas decidió regresar a vivir en la populosa localidad.
En los últimos 30 años, la emblemática colonia fue uno de los centros habitacionales que más expulsó a habitantes debido al control que la pandilla 18 ejercía en la zona, y quienes se quedaron debían someterse a la sentencia de «ver, oír y callar» o arriesgarse a morir; sin embargo, esa situación comenzó a mejorar con la llegada del Gobierno del presidente Nayib Bukele, a partir de junio de 2019, con la puesta en marcha del Plan Control Territorial (PCT), y a mediados de 2022 el Estado arrebató ese territorio a los grupos terroristas con la implementación del régimen de excepción.
Que el Estado tomara el control de La Campanera provocó el regreso de Escobar y su pequeña familia, conformada por su esposa y su hijo: «Opté por regresarme a la colonia al ver que la situación ha cambiado, hoy estoy aquí con mi familia y me siento más seguro aquí».
Escobar, de 30 años, afirma que le reconforta saber que las nuevas generaciones van a estar en paz, «irónico porque yo quiero regresar y establecerme aquí, terminar mi vida aquí, y sé que nunca voy a salir de La Campanera porque ya tengo más de 30 años y aquí estoy otra vez».
El joven y su familia son parte del más de medio millón de víctimas de desplazamiento forzado que provocaron las diferentes estructuras terroristas en los gobiernos de ARENA y que fue agudizado en las administraciones del FMLN, que en su segundo período, entre 2014 y 2019, permitió la multiplicación de las pandillas y registró más de 23,020 homicidios a escala nacional.
En el Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno (GRID 2018), publicado por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), se reportaron para ese año 327,000 personas que fueron desplazadas por violencia criminal, que incluye homicidios, amenazas y extorsiones, los típicos delitos de los pandilleros. En 2016, el IDMC sumó 220,000 casos de desplazamientos en el país y en 2015 registraba a 170,000 personas.
El 2016 fue el año en el que más desplazamientos ocurrieron en todo el territorio, entre los que están la expulsión de 20 familias del cantón San Isidro, en Panchimalco, al sur de San Salvador, por amenazas de las maras. Meses después, otras 40 familias huyeron del cantón El Cedro, del mismo municipio, por las mismas razones.
En septiembre de 2016, más de 40 familias abandonaron sus viviendas en el cantón El Castaño, en Caluco, Sonsonate. En octubre de ese mismo año, 20 familias tuvieron que desalojar sus viviendas en los condominios Jardines de las Américas, del barrio San Jacinto, al sur de San Salvador, luego de ser amenazadas por pandilleros.
La situación anterior fue el calvario que vivieron miles de familias salvadoreñas por muchos años ante la falta de acción de los gobiernos de turno, tras ceder los territorios a los terroristas. Incluso la Policía llegaba para escoltar a las familias que se iban. Pero esos hechos cambiaron con el exitoso plan de seguridad del Ejecutivo.
«Lo que estamos viendo es que muchas familias están regresando, muchas casas que estaban tomadas por estos terroristas también, muchas personas las están recuperando, es decir, estamos nuevamente disfrutando esa paz, esa tranquilidad que nos merecíamos desde hace más de 30 años», manifestó en días pasados el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
En agosto pasado, el titular de Seguridad aseguró que los inmuebles y los territorios cambiarían por completo y tendrán mejor plusvalía en el momento que arrestaran hasta el último pandillero. «Las sociedades y comunidades están cambiando y a estos terroristas no les toca más que salir de los centros urbanos a las áreas rurales, pero también en el área rural estamos preparados para combatir hasta eliminarlos por completo de la sociedad», manifestó Villatoro en esa oportunidad.
A un año de la implementación del régimen de excepción, los inmuebles recuperados incrementaron su valor, y de acuerdo con el expresidente del Banco Central de Reserva Carlos Acevedo, es el resultado de la guerra a las maras.
«El precio de los terrenos en el país empieza a subir, porque había muchos terrenos, pero como las maras estaban ahí asediando, no se usaban, y ahora como la gente ve un nuevo clima y quiere montar negocios, entonces el precio de los inmuebles comienza a subir», enfatizó Acevedo.
GOBIERNO HA RECUPERADO MÁS DE 6,000 VIVIENDAS USURPADAS POR MAREROS
Después de 15 años, Ana Cuellar decidió regresar a su vivienda a La Campanera, la cual por mucho tiempo estuvo usurpada por pandilleros, y que, en el marco del régimen de excepción, el Ejecutivo ha recuperado más de 6,000 viviendas a escala nacional.
«Me siento alegre al ver mi casa, antes me daba miedo ingresar aquí, ahora me siento tranquila, volveré a tener casa propia», manifestó la señora.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, afirmó que con estas acciones están «poniendo fin al desplazamiento forzado que había en el país, la gente está regresando».
Entre las viviendas recuperadas hay 3,400 en el departamento de San Salvador; 500 en La Libertad; 290 en Santa Ana, y 150 en Sonsonate.
