Hoy se cumplen 35 años de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, perpetrada el 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), y a pesar del tiempo el caso continúa en la impunidad contra los intelectuales.
Fue hasta la gestión de la Fiscalía, liderada por el fiscal general, Rodolfo Delgado, que se ha logrado llevar a la justicia a autores intelectuales como Félix Alfredo Cristiani Burkard y al alto mando del Ejército de esa época.
Por este crimen de lesa humanidad solo tres implicados han sido condenados: el coronel retirado, Inocente Montano, quien paga 133 años de cárcel tras ser condenado en España. El coronel Guillermo Benavides y el exteniente Yusshy René Mendoza Vallecillos fueron sentenciados a 30 años de prisión en 1991, pero recobraron su libertad con una ley de Amnistía de 1993, sin, embargo, Benavides fue encarcelado nuevamente para completar su sentencia de 30 años, tras declararse prescrita la referida ley en 2016. Mientras que Mendoza huyó a Chile.
La masacre que conmovió a nacionales como a extranjeros, dejó como víctimas a los sacerdotes españoles: Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, Ignacio Martín-Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos y su hija Celina. Todos fueron acribillados por miembros del extinto batallón Atlacatl.
En 1991, nueve militares fueron procesados como autores materiales de la matanza, pero solo Benavides y el exteniente Mendoza fueron sentenciados. Los otros siete, quedaron en libertad. Mendoza Vallecillos se nacionalizó chileno y ahora vive en Santiago.
Fiscal General pide a la Corte Suprema reabrir el caso Jesuitas
El 16 de noviembre de 2021, el fiscal general Rodolfo Delgado, presentó un recurso de amparo contra la resolución de la anterior Sala de lo Penal emitida en septiembre de 2020 en la que sobreseyó definitivamente a los involucrados en el asesinato de los religiosos y sus colaboradoras.
«Hoy, retomamos el camino de la verdadera justicia, removiendo los obstáculos judiciales que impidieron, durante 32 años, que las víctimas conocieran la verdad. No más impunidad evidente por los crímenes de lesa humanidad, cometidos por los imputados, tantas veces señalados, en el Caso Jesuitas Justicia y Verdad», escribió Delgado en su cuenta de X, en esa oportunidad.
Ante el procedimiento realizado, el presidente, Nayib Bukele manifestó que lo que no se había hecho en 32 años, iniciaba ese día. «La UCA pidió esto durante 3 décadas… 3 décadas… Con vigilias, pronunciamientos, en conferencias, en la prensa, en libros, comunicados, entrevistas, demandas y un largo etcétera. Imagino que estarán muy felices de que, al fin, su petición de justicia se hará realidad».
En 2020, la referida Sala ordenó cerrar el proceso contra los asesinos de los sacerdotes, también la reapertura de la causa ordenada por el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador y confirmado por la Cámara Tercera de lo Penal.
El tribunal superior en materia penal tomó la decisión tras conocer dos recursos de casación, el primero lo interpuso Juan Orlando Zepeda Herrera y Francisco Elena Fuentes, mientras que el segundo lo presentó Rafael Humberto Larios López. Los tres militares según resolución del Juzgado Tercero de Paz y de la Cámara Tercera del Penal, debían ser procesados junto al expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard, Juan Rafael Bustillo e Inocente Orlando Montano.
En las casaciones, los militares pidieron que se anulara la resolución que ordenaba reabrir el caso por considerar una violación a derechos fundamentales de seguridad jurídica y principio de legalidad debido a que las acciones penales ya estaban prescritas.
Ordenan reabrir el caso
En enero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó reabrir el caso y con eso se abrió el camino para terminar con los años de impunidad. El proceso se ventila ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador y por primera vez se acusan a los autores intelectuales, entre ellos al expresidente, Cristiani Burkard y cuatro militares que residen en El Salvador; Juan Orlando Zepeda Herrera, Francisco Elena Fuentes, Rafael Humberto Larios López y Juan Rafael Bustillo. En el expediente, la Fiscalía acusó al ya fallecido, René Emilio Ponce y a Inocente Orlando Montano, por los asesinatos de los jesuitas.
Los imputados eran parte de La Tandona, promoción de 46 oficiales graduados de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en 1966 y que Cristiani llamó para incorporarlos a su gabinete.
Ley de Amnistía otorgó impunidad
La aprobación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en 1993 evitó llevar a la justicia a los responsables de diversas ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante los 12 años de Guerra Civil que sufrió El Salvador.
Esa legislación otorgó implícitamente un «perdón y olvido» a los autores materiales e intelectuales de hechos sangrientos ocurridos durante el conflicto armado.
«Se concede amnistía a favor de todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en la comisión de delitos políticos comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte, antes del 1º de enero de 1992» rezaba el artículo 1 de la referida Ley.
Es así que masacres como la del río Sumpul, Las Hojas, El Mozote, la de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras quedaban en el olvido con esa ley pese a tratarse de casos de lesa humanidad. Sin embargo, en 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la referida legislación, la dejó sin efecto y abrió la posibilidad para iniciar los procesos judiciales por los diferentes crímenes.
