El sistema de justicia de El Salvador denominó las pandillas como organizaciones terroristas desde 2015, luego de que la ola de crímenes cometidos ese año, posicionaran al país como uno de los más peligrosos del mundo; sin embargo, es hasta el 2019 que estos grupos comenzaron a ser desarticulados con las estrategias de seguridad implementadas bajo el gobierno de Nayib Bukele.
En dicho año, considerado hasta ahora como el más peligroso de El Salvador, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de una resolución, declaró como grupos terroristas a las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS13 y a la pandilla 18 o mara 18.
Además, el máximo tribunal afirmó que todos los jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas dentro de dichos grupos, quedaban comprendidos dentro del concepto de «terroristas» en sus diferentes grupos y formas de participación e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.)
De igual forma, el máximo tribunal explicó que era un hecho notorio que estas organizaciones cometían atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integración de la población, atacando a civiles, militares, policías y otros.
Para el 2015, las pandillas son acusadas de cometer la mayoría de los 6,600 homicidios. La tasa de este delito alcanzó la cifra récord de 104 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, la mayor a escala mundial en ese año.
Pese a las dominaciones y sabedores de los delitos cometidos por las pandillas, gobiernos de esa época (de ARENA y FMLN) no lograron frenar el alza de violencia y control que mantenían estos grupos, mejor optaron por aliarse y hasta negociar con ellos en periodos electorales a cambio de beneficios en las cárceles.
Caso contrario a lo que ha sucedido bajo el mandato del presidente Nayib Bukele que, se han hecho reformas al Código Penal, así como a la Ley Especial Contra el Crimen Organizado, a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones y la Ley de Telecomunicaciones para evitar la corrupción y para combatir directamente a estas estructuras de crimen organizado como lo son la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18; esto parte de las estrategias de seguridad.
Entre los cambios más sobresalientes para enfrentar a las maras, fue que en julio del 2023 se hicieron reformas a la Ley contra el Crimen Organizado que permitieron incrementar en una tercera parte la pena para cabecillas de estructuras terroristas, así la condena pasa de 45 a 60 años de cárcel.
Pandillas también son desarticuladas fuera de El Salvador
Para las autoridades de Seguridad acabar con las pandillas en El Salvador no solo significa desarticularlas y capturar a sus integrantes sino asegurar para estos la permanencia en cárceles y hacer justicia por todos los crímenes cometidos.
Cabe destacar que El Salvador no ha sido el único país que ha buscado a través de herramientas legales frenar el accionar de los grupos terroristas que solo buscan amedrentar a la población. Varios pandilleros de la MS o Barrio 18 han sido procesados en Estados Unidos (EE. UU.) bajo la ley «Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act», más conocida como Ley RICO por sus siglas en inglés.
La ley RICO permite acusar a pandilleros hasta por 23 tipos de delitos federales y 8 estatales. Es así como cientos de pandilleros salvadoreños han sido acusados de conspiración, extorsión, droga, homicidios, entre otros delitos en varias cortes federales de Estados Unidos y condenados a largas condenas en prisión.
La legislación RICO contra el crimen organizado fue creada en 1970 en EE. UU. para acabar contra la mafia, en 2017 el fiscal general de EE. UU., Jeff Sessions anunció que utilizarían cualquier ley existente para desmantelar a la MS; el funcionario dijo que esta estructura era de las más brutales.
Entre los mareros procesados bajo la ley Rico y condenados a cadena perpetua esta Roni Arriola Palma, alias «Maniaco» quien fue capturado en enero del 2013. El imputado se declaró culpable de homicidio, extorsiones y conspiración para actividades criminales; Arriola dijo que era cabecilla en el área de Washington desde 2009 a 2012 y preparó y ejecutó varios crímenes en la zona.