La oposición política, liderada por ARENA y el FMLN, prefiere defender derechos de los criminales con los que pactaron en el pasado, pero no proteger a las víctimas, señalaron los sociólogos René Martínez y Mauricio Rodríguez.
El argumento de los dos profesionales surge luego de que el presidente Nayib Bukele informara el lunes pasado de la captura de un hondureño que le robó las pertenencias personales a una salvadoreña por cuyos derechos no se manifestaron ni las ONG que dicen defenderlos ni los partidos políticos.
«Durante los gobiernos de ARENA y del FMLN lo que se defendía, a capa y espada, eran los derechos humanos de los victimarios, ya que dichos partidos vivían de la muerte y del miedo de la inmensa mayoría de la población», afirmó Martínez.
Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han demostrado que dirigentes de ARENA y del FMLN otorgaron beneficios penitenciaros a los cabecillas de pandillas a cambio de recibir votos de criminales y sus familiares durante los eventos electorales, incluida la elección presidencial de 2014, la que finalmente ganó el efemelenista Salvador Sánchez Cerén.
«La agenda de la oposición es clara y perversa: defender los derechos humanos de los victimarios, pues eso es un buen negocio para ellos. La defensa de los derechos humanos de los victimarios es la doctrina pétrea que siguen haciendo suya las ONG, políticos de oposición y organismos internacionales», señaló por su parte Martínez.
Por negociar con las pandillas ya está en prisión Ernesto Muyshondt, exalcalde capitalino y exdiputado del partido ARENA. Norman Quijano, también exalcalde capitalino y exdiputado tricolor, fue condenado en abril del año pasado a 13 años y 4 meses de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude procesal.
La FGR determinó -con base a videos, audios y testimonios- que Quijano se reunió con líderes de pandillas para lograr acuerdos y negociar votos a favor de su candidatura por la presidencia de la república en los comicios de 2014.
El sociólogo Rodríguez planteó que las pandillas fueron combatidas a partir de 2019, cuando llegó al poder Nayib Bukele. Desde marzo de 2022 -al implementarse el estado de excepción- hasta la fecha han sido capturados más de 85,500 pandilleros, de acuerdo con las autoridades de Seguridad.
«El presidente [Bukele] ha hablado claramente que el derecho humano que se debe preservar, en primer lugar, es el derecho a la vida. Los demás [derechos] no valen nada si no se respeta primero la vida, y es lo que no han respetado los pandilleros y obviamente los que defienden a los pandilleros», dijo Rodríguez.
Con el Plan Control Territorial (PCT) y el estado de excepción el Gobierno redujo la tasa de homicidios. De acuerdo con las autoridades, la tasa por este tipo de crímenes cerró con 1.9 por cada 100,000 habitantes en 2024.
