Por décadas, ARENA y el FMLN dejaron crecer la criminalidad, se aprovecharon de ella (con la explosión de agencias de seguridad privada y la venta de armas) y buscaron réditos políticos al negociar votos a cambio de vidas, como ha quedado demostrado que hizo el excandidato presidencial tricolor Norman Quijano.
Fue el primer presidente del FMLN, Mauricio Funes, el que impulsó una tregua con las organizaciones criminales para presentar una falsa percepción de la reducción de la violencia, cuando, en realidad, había pactado pagos y beneficios para los pandilleros a cambio de disminuir sus acciones criminales.
Funes buscó como intermediarios a personeros de ARENA y del FMLN, Paolo Lüers y Raúl Mijango, pero también logró que la Organización de Estados Americanos (OEA), dirigida entonces por José Miguel Insulza, avalara la tregua con los criminales, y destacó incluso a un representante para que sirviera como testigo de ominosas farsas de «desarme» de pandilleros.
La tregua solo sirvió para que los pandilleros se fortalecieran, hicieran dinero, compraran armas y sembraran cementerios clandestinos en el país, pues hacían desaparecer los cuerpos de sus víctimas para encubrir los asesinatos que cometían.
Ahora que el Gobierno del presidente Nayib Bukele implementa redadas masivas contra pandilleros que cometieron una masacre, ahora que extiende las medidas restrictivas en las cárceles salen voceros de los que antes avalaron las treguas reclamando «violación de los derechos humanos».
Por repugnante que suene, estos activistas salen en defensa de los asesinos de salvadoreños, de los que obligaron a ciudadanos honrados a abandonar sus casas y les robaron el fruto de su trabajo por medio de las extorsiones. ¿Dónde estaban cuando los derechos humanos de millares de salvadoreños eran pisoteados por estos criminales?
«Llévense su peste (las pandillas) de nuestro país», dijo el presidente Bukele a la OEA y a la CIDH, que han salido a criticar el trato a los pandilleros en prisión y las capturas de sus cómplices en las calles.
Ningún salvadoreño decente puede estar a favor de olvidar los vejámenes y las atrocidades cometidos por los pandilleros. El masivo despliegue de las fuerzas de seguridad logró detener la irracional violencia que desataron las organizaciones criminales y es una prueba de que se han tomado las decisiones correctas.
Es imposible entender cómo alguien puede estar a favor de los criminales más abyectos que han asolado a El Salvador y oponerse a que sean capturados y llevados ante la justicia para que paguen por sus delitos.
