Con fusiles y el rostro cubierto, cinco militares detuvieron a golpes al joven Dave Loor cuando iba a una tienda. Ha pasado más de un año desde su desaparición, y las denuncias por abusos de la fuerza pública en Ecuador no dejaron de aumentar.
El caso de este albañil de 21 años sin antecedentes judiciales forma parte de las 43 desapariciones forzadas a manos de agentes estatales documentadas por Amnistía Internacional (AI) desde 2023, cuando el presidente Daniel Noboa asumió el cargo.
El aumento de las denuncias coincide con el despliegue de policías y soldados en las calles ordenado por el gobierno para enfrentar a las mafias, según Amnistía.
El 24 de agosto de 2024 Loor llamó por última vez a su madre para avisarle que estaba con un amigo en Los Ríos, una conflictiva provincia costera usada para trasladar droga hacia los puertos en el Pacífico.
En un video se observa al joven con las manos en alto, mientras militares revisan sus bolsillos y lo suben a una camioneta donde lo golpean en la espalda. No le encontraron armas ni drogas según el reporte militar. Desde entonces nada se sabe de él.
Pero su familia no se resigna.
«Nosotros sobrevivimos, lo nuestro es buscar porque no sabemos qué pasó», dice a la AFP Diana Roca, tía del joven.
«Si el presidente Daniel Noboa no hubiera mandado a los militares a las calles en los estados de excepción, no seríamos 43 familias en zozobra», agrega Roca entre lágrimas.
Descontento en las tropas
La ofensiva militar no ha frenado la violencia de numerosas bandas que trafican droga, ponen coches bomba y masacran por decenas en uno de los países más peligrosos de Latinoamérica.
La fiscalía registra un aumento en las denuncias de ejecuciones extrajudiciales que pasaron de seis en 2023 a 19 el año pasado. Las quejas de abusos de agentes estatales subieron 125% en el mismo periodo, cuando Noboa declaró el conflicto armado interno en el país.
Para la experta en seguridad Michelle Maffei, hay un agravante: el ejército no está entrenado para proteger civiles, sino para combatir a un enemigo en contextos de guerra.
Los soldados asumieron labores no militares como administrar cárceles y realizar patrullajes urbanos, lo que supone riesgos de abusos que afectan en mayor medida a poblaciones marginales.
Además hay un «descontento» en las tropas, que no pueden admitir abiertamente, según Maffei.
Militares entrevistados por la AFP dijeron bajo reserva que hay mucha presión del gobierno por resultados a cambio de beneficios o castigos.
En Colombia una política similar derivó en el mayor escándalo de las fuerzas militares conocido como falsos positivos: al menos 6.400 civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos.
«No eran peligrosas»
El general retirado Luis Altamirano señala los cambios repentinos en la cúpula militar como razón de inestabilidad en los cuarteles.
En septiembre, Noboa apartó a tres mandos militares solo 26 días después de haberlos nombrado, al parecer por su rendimiento.
«Ni una tienda de barrio se administra cambiando a la persona encargada cada semana, no se diga las Fuerzas Armadas», añade Altamirano.
Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado, duda de los resultados bajo presión: «Por eso vemos cientos de supuestos cabecillas detenidos».
Pero no solo las detenciones aumentan.
AI detalla el mediático caso de los cuatro menores de entre 11 y 15 años en Guayaquil, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados tras un arresto militar en diciembre. Diecisiete uniformados fueron acusados de desaparición forzada.
Luis Arroyo, padre de dos de los menores, culpa al gobierno: «El uniforme y ese discurso de la mano dura permiten que los militares hagan lo que quieran y estamos peor que antes».
Su hija menor llora todos los días y duerme con la ropa de su hermano Ismael, que soñaba con ser futbolista, dice su padre.
Para el director de una organización local de derechos humanos, Billy Navarrete, el número de denuncias de desapariciones es inédito.
«Son detenciones arbitrarias de personas que no eran peligrosas», dice.
