La destrucción ha sido «histórica» en la región de Valencia, donde casi 80 municipios quedaron gravemente dañados por las lluvias torrenciales y las riadas del 29 de octubre, según un balance del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
El temporal dejó un rastro de pueblos desfigurados e infraestructuras dañadas, y se cobró la vida de al menos 230 personas en España, principalmente en la Comunidad Valenciana (222 muertos), convirtiéndose en la peor catástrofe natural en el país desde las inundaciones de 1973.
Para la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, la reconstrucción debe hacerse con «mucha empatía», en «una situación muy dramática, con rigor técnico y con mucha responsabilidad».
Con el cambio climático estos fenómenos serán «cada vez más intensos» y «frecuentes», añadió Vall-llossera, abogando por ciudades con «espacios verdes, menos vehículos», y con «pavimentos menos duros, más permeables, que tengan también una mejor actuación frente al calor intenso» y las «lluvias torrenciales».
Fuera de las zonas inundables
En la aglomeración urbana de Valencia, la expansión urbanística de los años 1960 aumentó el asfaltado del terreno, haciéndolo más vulnerable a las inundaciones, ya que el hormigón impide la absorción del agua.
En Paiporta, considerado el epicentro de la catástrofe, por ejemplo, las principales carreteras se transformaron el 29 de octubre en torrentes de lodo que arrasaron todo a su paso.
En el caso de la Comunidad Valenciana, ya existe un plan de acción territorial de prevención del riesgo de inundaciones, aprobado en 2003, pero no es vinculante ni prima sobre los planes municipales, explica María Jesús Romero Aloy, experta en derecho urbanístico y profesora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Según los datos del plan, la Comunidad Valenciana representa el 5 % del territorio nacional en riesgo de inundación, pero ha registrado el 20 % de los episodios de lluvias intensas de los últimos 10 años. El mayor riesgo de inundación se concentra en el 12 % de la región, es decir, 270.000 hectáreas, y afecta a 600.000 habitantes.
En esta zona, la autoridad regional recomienda que los propietarios de viviendas tengan una escalera interior con acceso al tejado y puertas y ventanas estancas hasta 1,30 metros de altura.
Así se hubiesen evitado muchas muertes «por atrapamiento en las plantas bajas», considera Romero Aloy, defendiendo ir más lejos y «plantearse retirar esas construcciones» de las zonas inundables.
Hoy en día, un propietario tiene derecho a reconstruir en su parcela inundada, aunque esté en una zona de alto riesgo.
El único recurso para impedirlo es la «expropiación forzosa», como ocurrió en 2019 en Onteniente, municipio situado a unos 85 km al sur de Valencia, donde «se eliminó un barrio» y se transformó en un parque inundable, recuerda la jurista.
Sin embargo, admite, las autoridades y los vecinos son reacios a esta solución, en un contexto de escasez de vivienda.
«Barreras naturales»
Ahora, un mes después de las inundaciones, «hay una sensibilización en la gente» para cambiar las cosas, estima Federico Jesús Bonet, consejero territorial del gobierno regional valenciano, e ingeniero civil de canales y puertos.
Hay proyectos que llevan tiempo sobre la mesa que «por fin serán estudiados», como la construcción de «presas o algún desvío de cauces», añade Bonet.
Especialista en gestión territorial y prevención de riesgos, Rafael Delgado propone proteger «al máximo los municipios afectados frente a futuros desbordamientos», con «barreras naturales», creando «la estructura óptima del bosque para amortiguar los caudales» y también «zonas intermedias, para favorecer la infiltración del río».
En la ciudad de Valencia, que se libró de las inundaciones más recientes, el río que atraviesa la urbe fue desviado tras las destructivas riadas de 1957. Y en lugar del Turia, que se ha secado en el centro de la ciudad, hay ahora un parque urbano de 110 hectáreas.
