Veintiséis personas resultaron heridas en los enfrentamientos entre manifestantes y la policía de Georgia el lunes, anunciaron las autoridades el martes cuando el país se prepara para una sexta noche de protestas proeuropeas.
Los rescatistas «transportaron 26 personas hacia centros médicos», entre ellos 23 manifestantes y tres policías, indicó el Ministerio de Salud en un comunicado.
Miles de manifestantes partidarios de la adhesión de Georgia a la Unión Europea se congregaron la noche del lunes, por quinto día consecutivo, frente al Parlamento en Tiflis, la capital, pero fueron dispersados por la policía, en un momento en que se agudiza la crisis contra el Gobierno prorruso en este país del Caúcaso.
La crisis política empezó luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre cuando el partido de Gobierno, Sueño Georgiano, proclamó su victoria entre denuncias de fraude de la oposición y la presidenta prooccidental, Salomé Zurabishvili.
El primer ministro, Irakli Kobajidze, insistió el martes en acusar a la oposición de «orquestar la violencia» en estas protestas. El lunes afirmó que estas manifestaciones están siendo «financiadas desde el extranjero» y prometió que «no habrá revolución en Georgia».
El partido Sueño Georgiano, en el poder desde 2012, desencadenó estas protestas el jueves al aplazar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta 2028, un objetivo consagrado en la Constitución de esta antigua república soviética.
La oposición acusa al gobierno de querer acercarse a Moscú y de imitar sus métodos represivos y autoritarios. En las marchas los manifestantes se expresan a favor de la UE, en contra de Rusia y la multitud corea consignas hostiles al Kremlin.
«Queremos libertad, no queremos volver a encontrarnos en Rusia», dijo Nika Maghradzé, un manifestante de 21 años.
Georgia está todavía muy marcada por la invasión rusa en una breve guerra en 2008 y por la amenaza de una nueva ofensiva, como la de Ucrania.
La exrepública soviética obtuvo el estatus de candidato a integrar la UE en diciembre de 2023, pero el proceso fue congelado por Bruselas, que acusa al Ejecutivo georgiano de adoptar medidas que socavan la democracia.
