Más de 20,000 audiencias virtuales, entre el juzgador y los reos, desde diferentes centros penales en El Salvador, se han realizado desde que inició el proyecto en 2016 hasta la fecha, según datos de dirección de Informática la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Las audiencias virtuales, con las que se pretende agilizar el desarrollo de los procesos judiciales y ahorrar en gastos por traslado de los reos, comenzaron a implementarse en 2016, luego que fueron incluidas en el fallido plan de seguridad implementado por el gobierno de Salvador Sánchez Cerén: las Medidas Extraordinarias de Seguridad.
Con las medidas extraordinarias, el anterior Ejecutivo y su Gabinete de Seguridad buscaban una solución para frenar el aumento de los homicidios que en 2015 sumaron 6,657 casos, así como la reducción de otros delitos, como las extorsiones, a través de restringir la comunicación de los privados con el exterior. Las medidas fueron implementadas solo en seis cárceles del país a quienes se les prohibió que los reos salieran a diligencias judiciales.
Según el Órgano Judicial, durante el 2015 se instaló la primera audiencia virtual en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel en el que eran acusados 202 imputados. Luego, tras ser incorporadas como parte del plan de seguridad del gobierno anterior, se creó el equipo técnico interinstitucional para equipar las salas.
El proyecto de audiencias virtuales que lideró el Órgano Judicial tuvo una inversión en 2016 de $4,264,523.80, de eso, $58,790 fue una donación de la Embajada de Estados Unidos.
Para el equipamiento para las diligencias virtuales, el Órgano judicial invirtió $551,904.10; el servicio de conectividad en los diferentes centros judiciales tuvo un valor de $90,000. Mientras que el equipo de videoconferencia costó $3, 198, 589.21, además de $424,030.49 para el fortalecimiento de la red institucional.
Para finales de noviembre de 2016 ya se reportaba un incremento en la capacidad instalada. De 1 audiencia virtual que se realizó en 2015, para noviembre de 2016, la CSJ reportaba 10 salas equipadas para realizar diligencias judiciales de manera virtual.
Durante el 2017, se instaló un sistema de videoconferencias para salas de audiencia a nivel nacional, entre ello, se remodeló y adecuó algunas salas y se fortaleció la red informática. Para este periodo ya había 26 salas equipadas, de esas 8 estaban en San Salvador y 4 en San Miguel.
El equipamiento de salas en los centros judiciales ha ido aumentando, para 2018 incrementaron a 33 salas disponibles, 47 en 2019 y hasta el año pasado se llegó a tener 50 salas.
«Esto es una herramienta creada para aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia en la lucha contra el crimen, la delincuencia y simultáneamente mejorar el acceso a la justicia de los privados de libertad», señala el Protocolo Interinstitucional para el desarrollo de audiencias y diligencias por medio de videoconferencias.
Más de 20 audiencias diarias
El incremento más significativo de realización de audiencias virtuales fue en 2017, cuando de 734 que se programaron en 2016 se pasó a 4,558. En promedio se estuvieron realizando 19 diligencias diarias. Mientras que para el siguiente año se registraron 5,795 audiencias a través de videoconferencias, y estas aumentaron a 5,747 para el 2019. El promedio diario subió a 24.
Para el 2020, la cantidad de audiencias programadas ascendió a 6,234, esto equivale a que se estuvieron realizando 26 diligencias judiciales diarias, según la CSJ.
VIDEOCONFERENCIA: UNA ALTERNATIVA
El año pasado la Asamblea Legislativa hizo reformas al Código Procesal Civil y Mercantil para la implementación de audiencias virtuales por la emergencia de la pandemia, esto como una alternativa, para no frenar los procesos judiciales y frenar los contagios.
La reforma aprobada en el artículo 203-A estableció que de forma excepcional, «ordenen la comparecencia de manera virtual de las partes: representantes, apoderados y abogados, a través de videoconferencia o por cualquier otro medio técnico que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y sonido; esto, siempre y cuando resulte conveniente para incrementar la eficiencia de la gestión judicial».
