Más de 40 pandilleros detenidos en varias localidades de Chalatenango fueron enviados a prisión en las audiencias de imposición de medidas realizados por dos tribunales contra el crimen organizado de San Salvador.
En una de las audiencias, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado encontró suficientes indicios para que 27 miembros de la Mara Salvatrucha sigan en la cárcel por agrupaciones ilícitas.
Mientras que el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado decretó detención para otro grupo arrestado por las fuerzas de seguridad en la zona sur de Chalatenango.
Las resoluciones judiciales han otorgado a la Fiscalía General de la República un plazo de seis meses de instrucción para que se pueda ampliar las pesquisas en contra de los pandilleros.
Las agrupaciones ilícitas tienen que ver con la permanencia en esos grupos terroristas y la serie de acciones delictivas que como estructura han estado cometiendo.
Con las reformas del año pasado los jueces que comenzaron a procesar a los imputados van a conocer de la audiencia preliminar y la vista pública.
De ser encontrados responsables, los imputados podrían recibir hasta 30 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas y otras penas por delitos conexos propios de esos grupos, que van desde homicidio, extorsión y desaparición de personas.
El pasado 25 de marzo, el presidente Nayib Bukele, ordenó que se desplegaran 5,000 soldados y 1,000 policías para instalar el cero de seguridad en el sur de ese departamento.
Las fuerzas de seguridad se mantienen patrullando los distritos San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador. Esa medida fue instalada luego de dos homicidios ocurridos en esa zona.
Esos crímenes fueron perpetrados por miembros de la facción sueña de la pandilla 18 que ya fueron detenidos y en las audiencias realizadas en San Salvador, ya se les ordenó prisión.
Los imputados han sido enviados a diversos centros penales donde permanecerán mientras el proceso avanza a la audiencia preliminar y vista pública, diligencias en las cuales los jueces resolverán la situación jurídica en la que quedará cada uno de los imputados.
