Alba Álvarez tiene 23 años y trabaja como asistente de una empresa distribuidora de productos farmacéuticos, ella es sordomuda y forma parte de las personas con discapacidad que han sido colocadas en empleos formales a través del Programa de Inserción Laboral.
La joven es una de las 700 personas que ingresaron al mercado laboral formal, entre enero y junio de este año, mediante la apuesta gubernamental que impulsa el Ministerio de Trabajo, junto al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) y el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd).
«De enero a junio hemos colocado en puestos de trabajo a más de 700 personas con discapacidad, pero aún faltan muchos más, no descansaremos para seguirlo haciendo. Es una enorme bendición ayudar a quienes más lo necesitan», escribió Castro en Twitter.
Desde el lanzamiento del programa, las instituciones estatales se han dedicado a identificar a personas en condición de discapacidad, recopilar su información, generación de perfiles y coordinación con patronos para emparejar a candidatos con las ofertas generadas.
Las autoridades también han llevado a cabo un proceso de concientización con empresas e instituciones sobre la obligación legal de disponer de una plaza para esta población para cada 20 empleados en planilla.
En abril, el ministro Castro informaba que, debido a las acciones emprendidas, la demanda de trabajadores en condición de discapacidad superaba el número de personas con discapacidad registradas en su base de datos, por lo que la institución puso a disposición sus 14 sedes a escala nacional para la recopilación de currículos de más candidatos y hacer el contrato con las entidades contratantes.
INSPECCIONES
Castro indicó que ha encontrado apertura en la mayoría de las empresas e instituciones para abrir espacios laborales a personas con discapacidad, pero que todavía existe un pequeño porcentaje que no se ajusta al cumplimiento de la ley.
Ante esto anunció que, en los próximos días, equipos del Ministerio de Trabajo realizarán inspecciones en todo el país para corroborar el cumplimiento de que, por cada 20 empleados en planilla, se contrate a una persona con discapacidad.
