El 12 de julio de 2024, la Fiscalía General de la República pidió a la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, que obligara a Miguel Antonio Menéndez, conocido como «Mecafé» a pagar junto a su grupo familiar $2,084,742.96, pero los abogados del exfuncionario se oponen y en una audiencia especial los magistrados resolverán la pretensión.
Fiscales de la Unidad Anticorrupción han solicitado embargo de bienes y cuentas bancarias, hasta alcanzar el monto de la condena por enriquecimiento ilícito que les impusieron.
Lo que la representación fiscal busca es que se cumpla con la condena emitida el 26 de noviembre de 2021 y como no ha existido voluntad para pagar, están siguiendo la vía de los embargos para que se le restituya al Estado de El Salvador lo que adquirieron indebidamente.
«La Cámara va a resolver oyendo a las partes intervinientes, la parte ejecutante del Estado de El Salvador y las ejecutadas», dijo una de las fiscales del caso.
En la sentencia, la Cámara estableció que Menéndez Avelar en su calidad de presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), se enriqueció ilícitamente con $1,868,104.39 y ese es el monto que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía reclama que pague al Estado.
Un peritaje determinó que el exfuncionario, su esposa y dos hijas tuvieron un incremento patrimonial no justificado que dejó claro el enriquecimiento ilícito.
Según la resolución Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, esposa de «Mecafé» tuvo un incremento patrimonial de $59,760.95, por tres irregularidades, consistentes en pago de préstamos, depósitos bancarios con cheques y afectivo, así como adquisición de inmueble; a las hijas del empresario a través del análisis les detectaron incrementos no justificados en sus patrimonios, a Fátima Yanira Menéndez de Baires, la condenaron a pagar $133,415.70, mientras que Andrea Vanessa Menéndez Henríquez, $23,461.92.
