Entre las organizaciones clausuradas figuran también unas 90 iglesias y asociaciones evangélicas, unas 40 asociaciones de ganaderos, una entidad católica, una agrupación de académicos jubilados y la Fundación contra el Cáncer y Sida.
El Ministerio del Interior ordenó «la Cancelación de Personalidad Jurídica y Registro de 169 Organismos sin Fines de Lucro, por estar en incumplimientos de las Leyes», dice una resolución publicada en el diario oficial La Gaceta. Según la legislación vigente, sus bienes pasarán a manos del Estado.
Con estas clausuras se elevan a casi 5.500 las organizaciones no gubernamentales cerradas por el gobierno de Ortega en los últimos seis años.
El gobierno de Ortega y de su poderosa esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, endureció las leyes contra las oenegés tras las protestas opositoras de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
Hace nueve días, el gobierno cerró 1.500 oenegés, la mayoría religiosas, medida calificada como «sumamente alarmante» para la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está nuevamente en el poder desde 2007, sostiene que las oenegés y sobre todo la Iglesia católica apoyaron las protestas, que considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Además, el 22 de agosto entró en vigor en Nicaragua una nueva ley que obliga a las iglesias a pagar impuestos y establece que las oenegés pueden trabajar únicamente en «alianzas de asociación» con entidades estatales.
El gobierno de Ortega, que enfrenta sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea que lo acusan de medidas autoritarias, también ha cerrado radios y universidades católicas.
