Los nuevos centros penales podrían ser construidos en terrenos incautados a las pandillas o al crimen organizado, afirmó ayer el coordinador del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Su reacción surgió después de que la Asamblea Legislativa aprobó, en la sesión plenaria ordinaria del martes, la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios. La normativa fue avalada en el contexto de los miles de capturas durante el régimen de excepción.
«Muy buena la idea de la población de que si hay terrenos que cumplan estos requisitos sean administrados por el Conab [Consejo Nacional de Administración de Bienes] y sean utilizados. A mí me encanta el principio del aikido. El aikido es usar la fuerza de tu enemigo para derrotarlo», ejemplificó el legislador al explicar que la delincuencia puede ser derrotada con los bienes que le han sido decomisados.
La Policía Nacional Civil (PNC) ha reportado el decomiso de bienes muebles e inmuebles que estaban en poder de los pandilleros y que eran utilizados para delinquir.
«El Conab administra los bienes de corruptos, de narcotraficantes, y si toda esta gente tiene propiedades se pueden usar y golpear la delincuencia con los bienes que hayan salido de la delincuencia», expresó en la entrevista matutina de Radio Sonora.
Caleb Navarro y Giovanny Zaldaña, diputados de la bancada cian, explicaron que la nueva ley prohíbe la construcción de centros penales en centros urbanos.
Recordaron que en las administraciones anteriores algunas cárceles fueron construidas en centros poblacionales, como en Ciudad Barrios, San Miguel, y Cojutepeque, Cuscatlán
