Decenas de miles de personas se manifestaron en París el domingo contra la carestía de la vida, en plena crispación social tras tres semanas de una huelga en las refinerías que ha provocado un desabastecimiento de gasolina en el país.
La manifestación fue convocada por partidos de izquierda y respaldada por cientos de asociaciones que buscan mantener la tensión creada por la huelga en refinerías del grupo TotalEnergies.
El principal objetivo era llamar la atención sobre la difícil situación de los trabajadores que se enfrentan a un aumento del coste de vida –la inflación fue del 5,6 % interanual en septiembre– y criticar la falta de acción política contra el cambio climático.
«Vamos a tener una semana como no se ve muy a menudo», dijo el líder del partido de izquierda radical, La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.
Varios sindicatos convocaron para el martes una jornada nacional de huelgas, que se prevé afectará al transporte por carretera y ferroviario y al sector público.
«Todo se está juntando. Empezamos con esta marcha, que es un éxito inmenso», dijo Mélenchon, satisfecho.
Según los organizadores, 140.000 personas participaron en la manifestación. La policía, en cambio, calcula que fueron 30.000 personas.
Algunos manifestantes llevaban chalecos amarillos, símbolo de las protestas antigubernamentales de 2018 que desafiaron al gobierno del presidente Emmanuel Macron.
Según un periodista de la AFP, la protesta transcurrió sin enfrentamientos graves, aunque se produjeron algunos altercados entre manifestantes y policías, que lanzaron gases lacrimógenos.
«Inaceptable»
La protesta ocurre dos días después de que el gigante energético francés TotalEnergies anunciara un acuerdo de incremento salarial (7% más bonificaciones) con los dos mayores sindicatos que representan a la plantilla de sus cuatro refinerías en Francia.
Pero el sindicato CGT, conocido por su combatividad, se ha negado a aceptarlo, reclamando un incremento del 10%, y sus miembros continúan manteniendo los piquetes.
La primera ministra, Élisabeth Borne, advirtió en el telediario de la noche que podría haber nuevas requisas en caso de que hubiera «situaciones muy tensas» del suministro de carburante el lunes.
El gobierno lanzó requisas de personal esta semana, una medida excepcional que obliga a los huelguistas a trabajar.
El ministro de Cuentas Públicas, Gabriel Attal, aseguró el domingo que seguir con la huelga que ha creado un desabastecimiento de combustible en todo el país era «inaceptable».
«Evidentemente hay un derecho de huelga, pero en un momento el país tiene que poder funcionar», afirmó en una entrevista con varios medios franceses.
Donde sí se levantó la huelga esta semana fue en las dos refinerías del grupo Esso-ExxonMobil en Francia, gracias a un acuerdo salarial alcanzado el martes y bajo la presión del ejecutivo, decidido a tomar el control de las plantas para que se reanudara la actividad.
En torno a un tercio de las gasolineras del país sufren problemas de abastecimiento, especialmente alrededor de París y en el norte del país.
Muchas empresas han reducido los viajes y las entregas, e incluso los vehículos de los servicios de emergencia se enfrentan a problemas de suministro.
Enormes beneficios
TotalEnergies logró más de 10.000 millones de dólares de beneficios en el primer semestre de 2022, en parte por el alza de los precios de la energía.
Muchos franceses simpatizan con los trabajadores que piden un aumento salarial, pero según una encuesta publicada el viernes, solo un 37% de los franceses apoyan los paros.
La Premio Nobel de Literatura de 2022, la francesa Annie Ernaux, y otras 60 figuras públicas del mundo de las artes y la cultura habían llamado a unirse a la marcha del domingo en una carta conjunta.
La magnitud de las protestas y huelgas en los próximos meses podría influir en la capacidad del gobierno para implementar su controvertida reforma del sistema de pensiones.
Macron, que fue reelegido en abril, quiere atrasar la edad de jubilación, que actualmente se sitúa en los 62 años, para equiparar a Francia con otros países europeos. Pero los sindicatos y partidos de izquierda se oponen frontalmente a este cambio.
