Los salvadoreños vivieron el terrorismo impuesto por las pandillas por varias décadas. Un estado de permanente zozobra que los gobiernos de ARENA y del FMLN no solo ignoraron, sino que, con total alevosía, trabajaron para mantener al promover treguas con las pandillas.
Aunque, por ser Gobierno, tenían todas las facultades legales para perseguir y reprimir el delito, prefirieron llegar a acuerdos con criminales antes que garantizar los derechos más elementales de los ciudadanos, empezando por el de la vida, a tener propiedades, a disfrutar el fruto de su trabajo, a vivir en tranquilidad, a moverse libremente, entre otros.
Por esa razón, en esos tiempos las fuerzas de la seguridad pública no eran bien vistas por la población, porque las consideraba cómplices de las maras. Y cuando los agentes del orden decidían actuar por su cuenta –cumpliendo su vocación de servicio— se encontraban con que los jueces de un sistema corrupto liberaban a los delincuentes, que regresaban a cobrar venganza en los barrios o colonias donde operaban.
Por eso la gente no denunciaba. Prefería callar para evitar las represalias de los pandilleros y porque consideraban que acudir a la Policía no tenía sentido, porque, aunque hicieran muy bien su función, los malos jueces deshacían su trabajo.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele les declaró la guerra a las pandillas con el Plan Control Territorial. Una vez que el pueblo salvadoreño apoyó masivamente el programa de seguridad y votó para darle mayoría a Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, entonces el presidente Bukele tuvo todas las herramientas legales y presupuestarias para enfrentar a las maras.
En combinación con el régimen de excepción y la depuración de las fuerzas de seguridad y del Órgano Judicial, la guerra contra las pandillas surtió efecto. Hoy el país vive en seguridad y prácticamente desaparecieron las extorsiones, en tanto que los homicidios están en los niveles más bajos de la historia nacional.
Y, como efecto directo, los salvadoreños confían en las fuerzas de seguridad. Recientemente en redes sociales fue tendencia que un joven repartidor de alimentos grabó con su celular a un pandillero que le exigía el DUI, como solían hacer antes del régimen de excepción.
Sin ningún temor, hizo la denuncia y la Policía actuó con diligencia. Muy pronto, el criminal fue detenido y hoy está tras las rejas.
Estos son los nuevos ciudadanos del nuevo El Salvador. Confían en sus autoridades y están seguros de que los van a proteger.
