Octubre se ha convertido en el mes con más homicidios y extorsiones de 2024 en Guatemala. El índice de denuncias de delitos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) registró 296 crímenes y 2,574 denuncias de extorsiones de enero a octubre de este año. Ante el contexto, el Gobierno impulsó una ley para transformar a la Policía Nacional Civil (PNC), tal como lo ha hecho El Salvador desde 2019.
Las estadísticas muestran que cada mes ha sido peor, con cierres que superan el anterior. Enero reportó 227 asesinatos, pero agosto ascendió con 270 homicidios y septiembre con 284.
De los 296 homicidios de octubre, 18 víctimas fueron menores de edad; esto representa el 6 % de las víctimas.
El informe del CIEN indicó que el acumulativo de crímenes fue de 2,389 casos, de estos, 119 fueron contra menores de edad. La tasa interanual hasta octubre se mantuvo con 16 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Guatemala (1,099), Escuintla (219), Petén (114), Santa Rosa (114) e Izabal (111) son los departamentos donde hubo más muertos.
Con las pérdidas humanas también fueron en ascenso las extorsiones. En 10 meses, la población interpuso 20,360 denuncias. Julio (2,244) y septiembre (2,150) ocuparon el segundo y el tercer lugar con más denuncias.
El aumento de los hechos de violencia obligó al Gobierno a implementar operativos y patrullajes entre la Policía Nacional Civil (PNC) en cooperación con elementos del Ejército a finales de octubre.
Un mes después, el Congreso aprobó una nueva ley de la PNC para «transformar la institución a través de la dignificación, la modernización, la profesionalización y el fortalecimiento de sus capacidades». Esta estrategia es similar a la que se implementó en El Salvador por medio de la fase 3 denominada Modernización del Plan Control Territorial.
El Gobierno de El Salvador dotó con mejores equipos a los policías y a la Fuerza Armada, con el objetivo de «combatir eficientemente a las estructuras de pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico en el país». La iniciativa permitió que el país ahora sea el más seguro de Latinoamérica.
Los diputados guatemaltecos enfatizaron que la nueva ley de la policía le
dará mayor respaldo y está «a favor de los agentes que día a día combaten la delincuencia y la criminalidad que afecta a Guatemala».
La normativa entró en vigencia el 10 de diciembre y las autoridades apostaron por mejorar las condiciones laborales y de atención médica para los agentes. También introduce controles internos más estrictos para verificar que las acciones policiales se ejecuten con respeto a los derechos humanos.
Otro punto es que avala que los agentes usen sus armas en defensa propia.
«Este paso es clave para fortalecer y dignificar la institución. Nuestro compromiso con la seguridad está más firme que nunca», expuso el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
