Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, reelegido en 2021 en elecciones, con sus rivales en la cárcel o en el exilio.
En protesta contra la negativa de la la Organización de los Estados Americanos a reconocer estos comicios, Nicaragua pidió salirse del organismo, lo cual se concretará en noviembre.
En la resolución, el órgano supremo de la OEA reclama al gobierno que «cese toda violación a los derechos humanos y respete los derechos civiles y políticos, como de las libertades religiosas y el Estado de derecho y que se abstenga de toda forma de intimidación» contra la prensa, las comunidades religiosas y las oenegés.
También le insta a «liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos», como le han pedido que haga los órganos de la OEA y «deje sin efecto las normas» que privan de nacionalidad a opositores, como los 222 expresos desterrados este año a Estados Unidos.
El país debe cooperar -añade- con los organismos internacionales de derechos humanos, «incluso mediante acceso a su territorio».
La OEA, que ya ha adoptado resoluciones parecidas en el pasado contra Ortega, se declara «profundamente preocupada por las denuncias de persecución» de comunidades religiosas que «sufren detención arbitraria, hostigamiento y expulsión injustificada».
En consecuencia, le pide que «se abstenga de reprimir y de detener arbitrariamente a líderes de la Iglesia católica y que brinde información sobre la salud física y psicológica del obispo Rolando Álvarez», a quien «se le mantiene aislado».
El obispo fue detenido en 2022 y condenado a 26 años de cárcel por, entre otros cargos, «menoscabo a la integridad nacional».
El encargado de negocios del Vaticano ha abandonado el país y las relaciones diplomáticas entre Managua y las autoridades católicas se hallan al borde de la ruptura tras unas declaraciones del papa Francisco, que calificó al gobierno de Ortega como «dictadura grosera».
La OEA también se declara «alarmada» por la prohibición y confiscación de los bienes de más de 3.000 oenegés en el país y universidades privadas, acusadas de violar las leyes. Y sale en defensa de la prensa al reclamar a Nicaragua que evite «toda forma de intimidación y acoso».
Una vez aprobado el texto, el embajador estadounidense ante la OEA, Francisco Mora, afirmó que la organización «debe mantener la presión sobre el gobierno nicaragüense» y pidió «al régimen que tome medidas inmediatas para restaurar la democracia».
La resolución suscitó controversia después de que Brasil introdujera cambios en el borrador inicial presentado por Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica y Antigua y Barbuda que le restaron contundencia pero sin alterar su esencia.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha emprendido lo que considera un camino del diálogo en varios frentes, como la guerra en Ucrania tras la invasión rusa, y con dos gobiernos acusados de abusos de los derechos humanos: el del Ortega y el del mandatario venezolano Nicolás Maduro.
No se sumó a la declaración firmada por más de 50 países que denuncia «crímenes de lesa humanidad» en Nicaragua, según un informe de un grupo de expertos de la ONU.
