A pocos días de la fecha señalada para las elecciones generales de Nicaragua, el observatorio ciudadano electoral Urnas Abiertas y otras oenegés recomendaron al gobierno «suspender y reprogramar» los comicios por carecer de «legitimidad».
En opinión de Olga Valle, integrante de Urnas Abiertas, el desarrollo ilegal y fraudulento del proceso electoral impide toda posibilidad de que los comicios puedan conducir a un resultado que refleje la libre expresión de la voluntad popular.
«Exhortamos al gobierno nicaragüense, desde las instancias nacionales e internacionales, para la suspensión y reprogramación de las elecciones , para que las mismas sean convocadas y organizadas conforme a derecho y a los principios internacionales aceptados, y con la presencia de misiones nacionales e internacionales de observación electoral calificada», dijo Valle.
En el documento, las organizaciones detallan que el resultado del seguimiento y observación al contexto electoral les permite concluir que «los fundamentos legitimadores del proceso electoral íntegro han sido conculcados de manera sistemática».
El periodista Carlos Fernando Chamorro, que acompañó la presentación del informe, señaló que los hechos expuestos reflejan la continuación de un proceso impuesto en Nicaragua a partir de 2018.
«Que es el establecimiento de un estado de excepción de facto un estado policial a partir del momento en que la matanza de abril y la represión en la operación limpieza con la utilización de fuerza letal por parte de los policías y los paramilitares se llevó a cabo un proceso de encarcelamiento masivo», expresó Chamorro.
«Lo que se vive hoy es un estado policial agravado, un estado policial reforzado», agregó.
El gobierno, sin embargo, no da marcha atrás y ultima los detalles para las elecciones del 7 de noviembre, mientras el presidente Daniel Ortega se encuentra en plena campaña como el único candidato presidencial.
