El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado aceptó la solicitud de la Fiscalía General de la República e impuso medidas de detención a 55 imputados acusados de integrar una estructura digital transnacional que afectó el patrimonio de unas 2,000 personas.
Se trata de 32 procesados detenidos como parte de la fase 2 del denominado caso «Escudo Virtual». La causa incluye también a 23 prófugos, según el expediente judicializado por la Fiscalía.
Todos son procesados por agrupaciones ilícitas, delito en común que permitió agruparlos en una sola causa como una estructura de crimen organizado y que, al ser puestos a la orden del tribunal, se accede a la pretensión fiscal para decretarles prisión y se les asigna un número de expediente para que en un plazo máximo de dos años se realice la audiencia única.
Este caso se acumula al primer proceso de «Escudo Virtual» que ya había sido judicializado con 124 imputados, para que la audiencia única se instale con 179 personas.
Los últimos 55 procesados también enfrentan los delitos de estafa, lavado de dinero y activos, así como por hurto por medios informáticos. En sede fiscal hay unas 2,000 denuncias que acumulan una afectación económica de $215,000.
«De acuerdo con la investigación fiscal, parte del dinero captado de las víctimas fue convertido a criptoactivos y se ha vinculado a billeteras digitales. Otra parte se utilizó para compras o mover el dinero en efectivo. Además, realizaban transferencias personales entre diferentes bancos con el objetivo de perder rastros», señala la Fiscalía en un informe.
Para acreditar la agrupación ilícita, los fiscales han documentado que en la estructura criminal digital había roles y distribución de funciones de una forma jerárquica.
Ubicaron a cabecillas, reclutadores, mulas financieras y receptores, entre los que hay salvadoreños, colombianos y mexicanos, quienes utilizaron las redes sociales y plataformas como Telegram para reclutar a personas que utilizarían un enlace para transferir dinero en cuentas bancarias de forma electrónica.
La organización elaboró una estrategia criminal para afectar patrimonialmente a sus víctimas. Algunas personas fueron contactadas para informarles que parientes o personas conocidas les habían enviado maletas como encomienda y que, para recibirlas, tenían que hacer depósitos de dinero que servirían para pagar los impuestos y así libarlas en la Aduana.
Cuando las víctimas transferían la cantidad de dinero, los integrantes de la estructura bloqueaban las líneas de comunicación y los interesados nunca más supieron de la maleta que les ofrecieron y se quedaron engañados, consumándose de esa manera las estafas.
A otros denunciantes, los imputados les propusieron invertir en la bolsa de valores, ofertaron empleos de gestores de cobros para lo cual diseñaron páginas falsas en internet de entidades financieras.
